Cerco a la corrupción

El concejal de Movilidad otro imputado por prevaricación

Francisco Fernández dirigía Seguridad Ciudadana cuando se contrató al Grupo Iturri al margen de la Ley

La Razón
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El juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha pedido al Ayuntamiento que certifique la identidad del concejal que ostentó el área de Seguridad Ciudadana entre 2006 y 2007 al objeto de que le sea tomada declaración, en calidad de imputado, en las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros.

La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo «en absoluto» a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación. En concreto, se trata de una providencia librada por el juez Francisco de Asís Molina el 14 de marzo, adelantada por El Mundo y recogida por Europa Press, que responde a la comparecencia en calidad de imputado del jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, José María Casar, y reclama al Consistorio que «se identifique la identidad del concejal delegado de Seguridad Ciudadana durante las anualidades de 2006 y 2007», al objeto de que sea «recibida declaración en calidad de imputado» en una fecha aún por resolver.

El actual concejal de Movilidad y por entonces edil de Gobernación, Francisco Fernández, señaló ayer que «no tengo constancia de que haya sido convocado formal y oficialmente», por lo que prefirió «esperar a conocer de qué se me puede estar acusando», toda vez que en aquellos años el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento estaba adscrito a su departamento.

En su denuncia, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos de bomberos por orden del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante señaló ante el juez que estaba de baja laboral y sus competencias quedaban a cargo de Francisco Fernández.