Cerco a la corrupción
El concejal de Movilidad otro imputado por prevaricación
Francisco Fernández dirigía Seguridad Ciudadana cuando se contrató al Grupo Iturri al margen de la Ley
El juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha pedido al Ayuntamiento que certifique la identidad del concejal que ostentó el área de Seguridad Ciudadana entre 2006 y 2007 al objeto de que le sea tomada declaración, en calidad de imputado, en las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros.
La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo «en absoluto» a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación. En concreto, se trata de una providencia librada por el juez Francisco de Asís Molina el 14 de marzo, adelantada por El Mundo y recogida por Europa Press, que responde a la comparecencia en calidad de imputado del jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, José María Casar, y reclama al Consistorio que «se identifique la identidad del concejal delegado de Seguridad Ciudadana durante las anualidades de 2006 y 2007», al objeto de que sea «recibida declaración en calidad de imputado» en una fecha aún por resolver.
El actual concejal de Movilidad y por entonces edil de Gobernación, Francisco Fernández, señaló ayer que «no tengo constancia de que haya sido convocado formal y oficialmente», por lo que prefirió «esperar a conocer de qué se me puede estar acusando», toda vez que en aquellos años el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento estaba adscrito a su departamento.
En su denuncia, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos de bomberos por orden del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante señaló ante el juez que estaba de baja laboral y sus competencias quedaban a cargo de Francisco Fernández.
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