Los tribunales tumban todas las agencias recurridas

Sevilla- Siete de las ocho agencias empresariales creadas tras la Ley de Reordenación del Sector Público y recurridas por colectivos de funcionarios ante los tribunales, cuentan con sentencias que anulan o los Estatutos o los Protocolos de Integración. Los reiterados varapalos judiciales han puesto contra las cuerdas al Ejecutivo andaluz, enfrascado ahora en una guerra de recursos. Pese a las reiteradas llamadas a la normalidad de responsables de la Junta, la incertidumbre –y la inseguridad jurídica– que se cierne sobre miles de trabajadores provenientes de empresas mercantiles y que se han integrado en las nuevas macroestructuras es absoluta. Sólo queda a salvo la no recurrida Agencia Pública Empresarial Sanitaria de la Costa del Sol.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha acordado la suspensión cautelar del Protocolo de Integración de personal en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). La sentencia, a la que accedió este periódico, se produce tras el recurso interpuesto por la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta y la Asociación Defiendo mi Derecho. El juez tira de jurisprudencia y cita las sentencias del TSJA que anulan los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la integración de personal en el Servicio Andaluz de Empleo. Detecta un posible menoscabo de los principios de «igualdad, mérito y capacidad».

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera es la segunda de mayor volumen, por detrás de la de Medio Ambiente y Agua. Surgió tras absorber a los trabajadores de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), una entidad de carácter mercantil. Según un acta interna consultada por LA RAZÓN, la Agencia de Gestión Agraria la componen «entre 3.000 y 3.200 trabajadores». El gabinete Mariano Aguayo que ha defendido al colectivo de funcionarios recurrentes habla de 1.852 empleados afectados. El presupuesto de gasto es de 231 millones de euros para 2012.

Por otra parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseguró ayer en el Pleno del Parlamento que a los funcionarios, en vistas de los recortes que en su opinión se están produciendo en otras comunidades, se le «comienzan a ajustar las entendederas». Respondió a una pregunta de Arenas que lo acusó de «incendiar la función pública».

Villancicos contra la «ley del enchufismo»
Los empleados públicos se han centrado en los últimos meses en la ofensiva judicial, pero no renuncian a las manifestaciones y a las reclamaciones en la calle, que fueron las que marcaron desde el inicio la tramitación del polémico «decretazo», convertido posteriormente en ley. Alrededor de 200 personas, según los organizadores, se concentraron ayer, convocados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), a las puertas del edificio de Torretriana para protestar. El villancico fue esta vez la canción protesta.