Altos cargos de la Junta y del PSOE entre los 37 nuevos falsos prejubilados

SEVILLA- De un caso concreto que afectaba a la empresa Mercasevilla, se ha pasado a una trama organizada de la que presuntamente se han beneficiado al menos 39 personas incluidas de manera irregular en expedientes de regulación de empleo que contaban con la financiación de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz admitió ayer que ha descubierto 37 nuevos casos de posibles prejubilaciones fraudulentas a los que hay que añadir los dos anteriormente reconocidos en las sociedades Mercasevilla y Río Grande –Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela González–. Esta información se la ha trasladado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para su «evaluación penal».

En esa lista de beneficiarios figura, entre otros, el exalcalde socialista del municipio sevillano de El Pedroso entre los años 1987 y 1995 y 1999 y 2007, Rafael Rosendo. Según ha podido saber este periódico, también aparece el exgobernador civil en Cádiz, César Braña –fallecido en 2002– y el ex secretario de alimentación de UGT, Juan Lanzas, señalado por la Policía como el negociador en varios de estos procedimientos con la Administración autonómica. También se apunta al exdelegado de Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés.

La Consejería de Empleo comenzó el 17 de enero un procedimiento interno de revisión de los expedientes de regulación de empleo en los que había participado. Tras analizar 30 expedientes de concesión de ayudas a empresas en crisis, han detectado 37 casos que afectan a un total de 12 empresas. Aún quedan por analizar 15 expedientes más, por lo que la cifra definitiva podría incrementarse en las próximas semanas. Ahora será el juzgado el que tendrá que investigar si esas sospechas son fundadas o no.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, admitió ayer que en 2005 la Intervención General de Hacienda «reiteró en varios informes su disconformidad con el procedimiento escogido» para tramitar estas ayudas a empresas en crisis. La Junta realizaba transferencias de financiación de explotación a sociedades instrumentales –primero al Instituto de Fomento de Andalucía y luego a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía–. Entre 2001 y 2009 esa cifra alcanzó los 647 millones de euros, que se destinaban a ayudar a sociedades en dificultades. En la mayoría de los casos –en torno al 90 por ciento–, el dinero se destinó a abonar expedientes de regulación de empleo mediante contratos con aseguradoras privadas. En la actualidad, hay aún 6.096 trabajadores en esta situación y que perciben una remuneración mensual por estar afectados por procesos de este tipo.

La Intervención apostaba por la concesión de subvenciones de carácter excepcional o encargos de ejecución. La Junta, sin embargo, no hizo caso, según Moreno, por una decisión de carácter «técnico-político». Como único responsable, apuntó al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.