Jiménez estudia pagar terapias contra el tabaco

El Gobierno acaba de anunciar un recorte millonario en farmacia, con una bajada lineal de los precios de todos los medicamentos. El objetivo es reducir el gasto público. Sin embargo, es previsible que, en los próximos meses, mientras la factura farmacéutica se recorta en los productos que ya están financiados, aumente con otros que podrían entrar en el sistema público. No parece el mejor momento, pero Sanidad ya se ha comprometido a financiar los anticonceptivos hormonales de última generación (esta medida está incluida en la Ley del Aborto, que entrará en vigor en un mes y medio). De acuerdo con fuentes de este departamento, no hay previsto ningún cambio en este punto de la norma, pese a la situación económica. Ahora, además, estudia pagar los tratamientos para deshabituarse del tabaco. Probar la eficaciaAsí queda reflejado en el acta de la última reunión del Comité Directivo del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, celebrada el pasado 6 de abril y a la que ha tenido acceso este periódico. El director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, que presidió el encuentro, señaló que «se ha pedido a la Semfyc que elabore el documento borrador sobre la eficacia y efectividad de los tratamientos para deshabituación tabáquica, así como su engarce en el Sistema Nacional de Salud». La medida respondería a una constante demanda de algunas comunidades autónomas, sobre todo de las gobernadas por el PP, como Navarra y La Rioja, que ya ofrecen a sus ciudadanos estos tratamientos, y también Galicia. Sin embargo, representa la postura contraria a la adoptada por el Gobierno del PSOE desde que se aprobara la Ley Antitabaco en el año 2006. Demasiado caroEl Ejecutivo siempre ha considerado que pagar parches y chicles de nicotina a todo el que quiera dejar de fumar saldría demasiado caro para las arcas públicas. Entonces, ¿por qué ha encargado el informe? Desde el Ministerio se limitan a responder que la financiación de las terapias antitabaco no está incluida en la propuesta que se ha enviado a los grupos parlamentarios. Sin embargo, Sanidad es consciente de que las terapias antitabaco pueden ser uno de los elementos que aparezcan en la negociación. No en vano, el estudio se ha encargado a una sociedad científica que se ha mostrado partidaria de este tipo de terapias. De acuerdo con la vicepresidenta de Semfyc, la doctora Ana Pastor, el documento «ya está terminado y se envió hace una semana o diez días». Aunque asegura que se ha centrado «en la eficacia y no en la financiación», señala que esta sociedad de medicina familiar ya tiene estudios anteriores sobre este particular. Y tales informes son favorables a que el Estado pague los fármacos.Así las cosas, el proyecto para endurecer la ley contra el tabaco sigue su curso en el Congreso, a donde la ministra Trinidad Jiménez envió un borrador de proposición de ley para que fueran los grupos parlamentarios, y no el Gobierno, los responsables de una reforma que, de aprobarse, podría tener un importante impacto en el sector de la hostelería en un momento de grave crisis económica.Al elegir la vía de la proposición de ley en el Congreso, el Ministerio de Sanidad se evita pasar por el trámite de informar al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social y al Consejo Interterritorial. El texto tampoco pasará por Consejo de Ministros y, por tanto, no llevará memoria económica con el impacto que podría suponer su puesta en marcha.De salir adelante la reforma, se prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados. En la actualidad, los bares y restaurantes de más de cien metros cuadrados pueden establecer zonas separadas para los fumadores y los menores, decidir si dejan o no fumar.

A CONVENIENCIA

AGOSTO 2009El Ministerio de Sanidad reconoce por primera vez su intención de endurecer la ley, pese a que lo negó antes de las elecciones.ENERO 2010Jiménez quiere que la ley esté aprobada antes de junio. Después asume que no podrá ser antes de enero de 2011.ABRIL 2010La presión de los hosteleros lleva a la ministra a estudiar una moratoria de un año para aplicar la ley.