Una fuerza social que cuajó con el Gobierno de Aznar

El acuerdo con el PP aguanta sostenido, básicamente, en los hechos visibles de la rectificación del Ejecutivo, es decir, en la presión policial sobre ETA, y en el convencimiento de que hacer oposición con la política antiterrorista les perjudica electoralmente. Pero las víctimas sí le han descompuesto el «cuadro» al Gobierno en la calle, como se vio ayer, y en el Parlamento, donde han llegado a paralizar el citado proyecto de ley con un paquete de enmiendas que los socialistas han guardado inmediatamente en el cajón porque aceptarlas entorpecería su acuerdo con el PNV.

Esas enmiendas no incluyen cosa distinta de las reivindicaciones tradicionales de este colectivo, entre ellas, la de que se ponga negro sobre blanco que no habrá más negociaciones con los etarras. En esta atmósfera, lo más importante de la manifestación de ayer es que las asociaciones de víctimas han recuperado su fuerza. Esa unidad es la que ha obligado al PP a rectificar un coqueteo con el desapego para volver a sus esencias. Y esta recolocación del principal partido de la oposición es la mejor prueba de que lo que más daño les hace es la ruptura de su unidad de acción para enzarzarse en peleas cainitas propias de la política. En la pasada Legislatura la izquierda alentó esa división, esperando un éxito similar al que había conseguido en el tablero político, pero fracasó.

«El Gobierno socialista primero intentó marginar a las víctimas. Luego intentó silenciarlas. Y por último, ha intentado dividirlas. En los tres casos ha fracasado», aseguró ayer a este diario la portavoz adjunta del PP en el Congreso y responsable de Interior, Cayetana Álvarez de Toledo, que formó parte de la delegación popular que participó en la marcha. A su juicio, a las víctimas del terrorismo se les debe un final de ETA «con vencedores y vencidos». «Y les debemos un futuro sin impunidad de ningún tipo: sin impunidad política (la vuelta de ETA a las instituciones); sin impunidad penal (la excarcelación de presos etarras); y sin la impunidad de la memoria (la invención de falsas víctimas de una supuesta violencia política)».

La fuerza que hoy tiene el movimiento de las víctimas no puede entenderse sin marcar en letras mayúsculas el nombre de José María Aznar y su realidad como presidente del Gobierno que se siente «muy víctima» del terrorismo, como describe uno de sus estrechos colaboradores, que sigue con él ahora en FAES. La memoria es frágil, pero no es tan lejano el tiempo en el que era unánime la opinión de que las víctimas no debían pronunciarse ni intervenir en política porque estaban traumatizadas y porque en su mayoría no eran del País Vasco. Entonces la política antiterrorista estaba planteada sólo como una cuestión de seguridad.

Esto cambia radicalmente por horrores como el de Miguel Ángel Blanco o el de José Antonio Ortega Lara, y por una ofensiva etarra de «exterminio» de los no nacionalistas. Pero también por las políticas que se aplican durante el Gobierno de Aznar al amparo de una filosofía que cree las víctimas son una referencia moral y cívica. Esa filosofía se expande en tres direcciones: la visibilidad social de las víctimas, su reconocimiento honorífico y la reparación económica.

Y a eso le sigue la Ley de Víctimas, base jurídica y económica de todas las demás iniciativas de apoyo que llegaron después. Otros pasos decisivos de aquella época fueron el Pacto Antiterrorista, el acuerdo de crear la Fundación de Víctimas y la Ley de Cumplimiento Íntegro de Penas, en la que el PP mantuvo sus más y sus menos con el PSOE. Así, empujadas por ese movimiento político y social las víctimas dejaron de ser una estadística. Las sentencias también dejaron de ser papel mojado, y ellas ocuparon el papel central en la movilización social de ayer. Su reto es mantener siempre la unidad.