El juez se entera por la Policía de que debe tomar declaración a Ripoll

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió ayer dos comunicados (algo inusual por la reiteración, que no por la emisión) en los que dejaba bien claro que ninguno de los detenidos del martes en el desarrollo de la conocida como «operación Brugal» han sido citados a declarar por instancia judicial alguna, que en ningún momento se decretó su detención judicial y que todas las actuaciones «obedecían, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial». Eso sí, aclara que «la Policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que se consideren oportunos».Además, la nota oficial asegura que «el Juzgado no disponía al término de la mañana de hoy (por ayer) de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado» y añade que «con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial».Y además, vuelve a hacer hincapié en que «una vez concluida la mañana, el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana (por hoy)». Vuelve a insistir en que «no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación».El TSJ valenciano hace alusión también a que los registros practicados tanto en el domicilio del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, como en la sede de la institución, fueron autorizados por el titular del Juzgado número 3 de Orihuela «como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados en tiempo y forma». De esta forma, el TSJ se desvincula de cualquier actuación judicial que se pudiera haber presupuesto el martes.Por su parte, el juez de Orihuela manifestó en la tarde de ayer, a través de un comunicado, haber sido informado «verbalmente, aunque no de manera oficial» de que Ripoll y otros cuatro detenidos en la operación comparecerán hoy ante él, por orden de la Policía Nacional.Mientras, la Fiscalía General del Estado defendió que la actuación policial tenía «plena cobertura legal». Según el Ministerio Público, se llevó a cabo con la pertinente «resolución judicial», un mandamiento judicial del juez de Orihuela de más de veinte folios en el que, según las mismas fuentes, se autorizaban los registros y la toma de declaración a los investigados. De todas formas, la Fiscalía niega que los afectados fuesen detenidos y prefieres escudarse en el eufemismo de que los agentes «les acompañaron a la comisaría para tomarles declaración». Simplemente, añaden, se les inquirió acerca de su relación con la presunta trama y, al dejarles en libertad, se les entregó una citación policial que les informaba de sus comparecencias hoy y mañana ante el juez. Y eso que el Estatuto del Ministerio Fiscal faculta a la Fiscalía para ordenar detenciones.En esa línea, fuentes de Interior corroboraron que las detenciones son «perfectamente legales» y «habituales» en este tipo de operaciones. Por su parte, la Confederación Española de Policía consideró «muy preocupante» que difieran «tan radicalmente» la versión judicial y policial.Un caso que salta de mano en mano- La operación policial desarrollada el martes en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial.- Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) explicaron a través de un comunicado, que la instrucción de la diligencias fue asumida desde 2007 por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. - El actual magistrado asumió la causa, tras su incorporación al Juzgado de Orihuela, a finales del pasado mes de febrero, por lo que la causa contaba ya con casi tres años de investigación bajo secreto decretado por otros instructores. El Juzgado de Orihuela destacó que no dio orden alguna de autorización a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, para proporcionar información sobre estas actuaciones ante el «evidente riesgo» de desvirtuar el secreto del sumario. - Del mismo modo, «no se ha acordado la citación judicial ni la imputación judicial respecto de ninguna de las personas», salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial. Interior, a través de un comunicado, expone que las últimas detenciones se enmarcan en la operación «Brugal», cuya investigación comenzó en 2007.