Corrupción en Andalucía

El PSOE hizo diputado al negociador de uno de los ERE fraudulentos

Un directivo de Vitalia lo acusó de ordenar la inclusión de personas ajenas a la empresa, algo que él niega.

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SEVILLA- El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, declaró a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo protagonizaron la negociación relativa al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la empresa Saldauto.

En el atestado policial, con fecha 17 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, Guerrero se desligó de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en este expediente.
Las tres personas que jamás trabajaron en esta sociedad y que aparecen como beneficiarios son Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y Francisco de Paula Hernández Diánez.

El ex alto cargo de la Junta de Andalucía confirmó a los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que Ramón Díaz Alcaraz era su «asesor» y ambos «negociaron» con Saldauto todo el proceso. «A esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos», aseguró.

Sobre los tres intrusos, Guerrero manifestó que Francisco de Paula Hernández Diánez «no le suena de nada» y que con respecto a Antonio G.P. y Rafael R.F. ordenó que recibieran «el mismo tratamiento que el resto de los empleados de Promi». Esta sociedad promovió un ERE después de que estas dos personas fueran despedidas, por lo que no se beneficiaron de las ayudas públicas. «No dije que los metieran en ningún otro sitio», argumentó.

Ramón Díaz tomó posesión como diputado autonómico el pasado 16 de febrero, tras la renuncia de la ex consejera de Justicia y Administración Pública Evangelina Naranjo. Su nombramiento fue polémico ya que trabajó como asesor de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y coincidió con Francisco Javier Guerrero. Contratado por Faffe, una fundación de Empleo, tenía su despacho al lado del el ex director general. De hecho, participó en las negociaciones de varios ERE, como el caso de Delphi. Anteriormente fue secretario de la federación del metal de UGT.

Pese a ello, el PSOE lo arropó en su toma de posesión y no consideró inapropiado que se sentara en el Cámara. El propio Díaz emitió un comunicado en el que acusaba al PP de promover una «caza de brujas lamentable y repugnante» y negó que durante su etapa como asesor de la Consejería tuviera «relación con pólizas de prejubilaciones ni expedientes de regulación de empleo».

La declaración de Guerrero lo implica de manera directa en las negociaciones, lo que contradice las afirmaciones del diputado socialista. No es el primero que lo señala de manera directa ante la Policía Judicial. Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, declaró el 22 de febrero que Guerrero y Ramón Díaz le «indicaron» en 2007 que «había que meter» a Antonio G.P. y Rafael R.F. en el ERE impulsado entonces por Saldauto, pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla. Bordallo aseguró que Díaz «habló personalmente con él solicitándoselo».

El asesor de Guerrero formuló una demanda de conciliación previa a una querella criminal contra Bordallo Rodríguez «para restituir mi imagen personal, mi honor y mi dignidad como persona y como responsable político».


Como Viera, el antiguo asesor ya es aforado
Díaz Alcaraz es secretario general de la agrupación Alcosa-Este-Torreblanca, una de las más populares de Sevilla. Es una persona cercana al secretario provincial del PSOE en la capital andaluza, José Antonio Viera. Al ser diputado autonómico desde el pasado mes de febrero tiene la condición de aforado y cualquier posible acción judicial sobre él debe remitirse al TSJA. En el caso del ex consejero de Empleo Viera, suma a su condición de diputado autonómico la de senador. Su sucesor en Empleo, Antonio Fernández, renunció a su acta en el Parlamento y hoy está imputado en la causa.