Salgado renuncia a imponer una regla de gasto a las autonomías

Al final, ante la oposición en bloque de los gobiernos regionales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) encargó la formulación de esta regla a un grupo de trabajo, que se reunirá en septiembre próximo. Una vez definida la norma, los Parlamentos autonómicos dispondrán de seis meses para aprobarla. Es decir, si consiguen ese consenso será en la próxima legislatura y con otro gobierno cuando se apruebe esta limitación del gasto autonómico. En este escenario, nada halagüeño para las pretensiones de Elena Salgado, sólo el Estado y los ayuntamientos estarán obligados por decreto-ley a un techo de gasto, que se calculará teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores, del ejercicio en curso y de los tres siguientes años. A esa media se le sumará el comportamiento estimado de la inflación.

Todas las comunidades, incluida Andalucía, rechazaron esta fórmula este martes en la reunión preparatoria del CPFF, en el que se estrenaron los consejeros populares de Economía. Por eso Salgado propuso ayer por la mañana que en los cinco años anteriores en lugar del PIB nacional se tuviera en cuenta el PIB regional y en el año en curso y en lo siguientes tres el PIB nacional. El resultado de esa operación se debía dividir por un coeficiente inferior al 2%, que corresponde a la previsión de inflación. Esta regla fue también rechazada por las autonomías del PP por «responsabilidad política», así como por la Junta de Andalucía. De hecho, el Gobierno andaluz se opuso a aplicarla por «restrictiva».

Ante esta negativa frontal, Salgado optó por retirar de la votación su regla de gasto e hizo que no constara en acta las protestas de los consejeros ante esta «anómala situación». A cambio, les propuso votar si se comprometían o no a fijar en un futuro una norma de gasto. Todas las comunidades, incluidas las populares, aprobaron por unanimidad este compromiso, aunque sin definir cómo se fomurlará.

No obstante, el Gobierno marcó las directrices que deberán seguir a la hora de establecer esta norma. Los Parlamentos regionales deberán tener en cuenta la evolución del PIB de años anteriores y el comportamiento estimado de la economía nacional de ejercicios futuros, previsiones que figuran en los planes de estabilidad que presenta España a Bruselas cada año. Esta regla deberá calcularse también en función de la evolución prevista de la inflación inferior al 2%.

Además de marcar estas líneas rojas, Salgado, a la intervención de un consejero, propuso que el ICO conceda un crédito a las autonómicas a partir del 2012 y con una amortización de tres años por la mitad de los 19.000 millones que deben al Estado por la liquidación de 2009. Los ejecutivos regionales deberán destinar este préstamo a pagar a proveedores. Esta propuesta, que trasladará por escrito Economía en los próximos días, fue acogida con cierto escepticismo entre los consejeros.

De los pocos puntos del orden del día que se sometieron a votación, el CPFF aprobó los objetivos de déficit regionales para el período 2012-2014. El desfase permitido en el primer año de este plazo se elevará al 1,3% del PIB, porcentaje que se recortará en dos décimas al siguiente ejercicio para situarse en el 1% del PIB en 2014. Para conseguir sacar adelante esta votación, Salgado aparcó el cumplimiento del déficit de este año, después de los avisos de Cataluña y de Castilla-La Mancha de que lo superarán.

Durante el encuentro, el Gobierno, además, enmendó la plana al candidato socialista a La Moncloa sobre la posibilidad de que se inyecten fondos adicionales para sanidad en 2012. Salgado tuvo que rectificar a Alfredo Pérez Rubalcaba y negó que el Estado vaya a poner a disposición de los gobiernos regionales 8.000 millones de euros más para sanidad. Eso sí, las comunidades demandaron a la vicepresidenta nuevos fondos para desarrollar las políticas de Dependencia.



LAS QUEJAS
- Madrid
La situación económica de la Comunidad de Madrid es insostenible porque el Gobierno asfixia a los madrileños y este año no les ha transferido más de 1.000 millones de euros»

- Cataluña
Nada en política es insalvable. Mantenemos la esperanza de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera logre avances y clarifique posiciones».

- Baleares
Defendemos el aplazamiento del pago de los anticipos a cuenta que las comunidades autónomas deben abonar al Estado y reivindicamos una mejora de financiación en el caso de las islas»

- Galicia
Apostamos por un acuerdo de país basado en la solicitud del PP al Gobierno de aplazar la devolución al Estado de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009»