Roma
El vía crucis judicial de Berlusconi
talia alcanza un nuevo primado internacional: su jefe de Gobierno será juzgado por prostitución de menores y abuso de poder. La cuenta atrás para ver a Silvio Berlusconi en los banquillos comenzó ayer con la luz verde que la juez de instrucción preliminar Cristina Di Censo dio a la petición de la Fiscalía para procesar al primer ministro
El juicio, que comenzará el 6 de abril, será presidido por tres magistradas, dos de las cuales ya han llevado adelante casos relacionados con el entorno del mandatario.
Los dos delitos se enmarcan en el «caso Ruby», según el cual «Il Cavaliere» habría mantenido relaciones sexuales con Karima el Mahroug, conocida como «Ruby Robacorazones», cuando ésta tenía 17 años. Además, también habría llamado a una comisaría donde había sido detenida la muchacha tras cometer un robo para que fuese liberada y entregada a Nicole Minetti, una consejera regional de su partido y organizadora de sus orgías que también está siendo investigada. Por el delito de abuso de poder a Berlusconi le puede caer una condena de entre 4 y 12 años de cárcel, mientras que la prostitución de menores está penada con entre 6 meses y 3 años de prisión.
El primer ministro descarta completamente la dimisión así como la posibilidad de acogerse al proceso abreviado, que, aunque le permitiría descontar un tercio de la pena, significaría reconocer su culpabilidad. Gran estratega y comunicador, Berlusconi quiere ganar los dos juicios que van a empezar de forma paralela: el de los tribunales y el de la opinión pública. Para tener éxito en el primero, sus abogados ya han preparado una estrategia, mientras que para no perder el favor de los ciudadanos «Il Cavaliere» ha puesto su maquinaria mediática a trabajar. Deben mostrar que el magnate es una víctima de la persecución de los jueces «rojos», que pretenden sustituir a la voluntad del pueblo reflejada en las urnas. Gran parte de los italianos ya se ha creído esta tesis.
La defensa en los tribunales de Berlusconi corre a cargo de sus abogados, Niccolo Ghedini y Piero Longo, quienes ayer dijeron que «ya se esperaban» la decisión de la magistrada Cristina Di Censo y se tomaron con humor que sean tres juezas las que dirijan el proceso. Ghedini y Longo utilizarán como primer argumento que la corte de Milán no tiene competencia sobre estos delitos, ya que el abuso de poder debe ser juzgado en Roma por el tribunal de ministros mientras que el caso de prostitución de menores tiene que ser llevado en Monza, a la que pertenece administrativamente la casa de Berlusconi donde tuvieron lugar las relaciones sexuales.
Esperar a que prescriba
Si las tres magistradas cierran esta vía, los letrados utilizarán el resquicio que el Tribunal Constitucional dejó el mes pasado cuando acabó en parte con la Ley del Legítimo Impedimento, que blindaba al primer ministro frente a la Justicia. El fallo permite que el juez de cada uno de los procesos de Berlusconi decida si las responsabilidades de Gobierno del mandatario le dejan tiempo o no para ser juzgado. Ghedini y Longo tienen previsto presentar un calendario de Consejos de Ministros, reuniones con otros líderes internacionales y demás compromisos que eternicen el juicio, con el objetivo de que supere los tiempos previstos y prescriba. La dilatación también le permite al Gobierno ganar tiempo para aprobar alguna nueva ley que vuelva a impedir a los jueces acercarse a Berlusconi.
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