Difícil consolidación por Rolf Campos y Gonzalo Gómez Bengoechea

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda muestran que el déficit de la Administración Central del Estado alcanzó el 4,77% del Producto Interior Bruto (PIB) en agosto, lo que supera el objetivo del 4,5% para el conjunto del año. Este hecho pone de manifiesto la enorme dificultad que tiene reducir el déficit público en un periodo fuertemente recesivo, como el actual.
Esto se debe a que la consolidación de las cuentas públicas exige reducciones de gasto o incrementos impositivos. Ambas medidas tienen un efecto contractivo sobre la actividad económica. Esta caída de la actividad se traduce en menores ingresos para el Estado, vía impuestos, y en incrementos de gasto derivados del previsible incremento del desempleo. Así pues, detrás de cada medida de ajuste del sector público se esconde un «efecto secundario» que limita su eficacia. Pese a esta dificultad, el Gobierno debe continuar y profundizar en su esfuerzo para controlar el déficit. La alternativa es un creciente desfase entre ingresos y gastos, como consecuencia del mayor endeudamiento del sector público. Para que la reducción del déficit público llegue a buen puerto es necesario, en primer lugar, que el Gobierno incida en la reducción del gasto público frente a las subidas de impuestos. De este modo se conseguiría suavizar el «efecto secundario» del ajuste, limitando la contracción del PIB.
En segundo lugar, debe profundizarse en la senda reformista iniciada a principios de año. Las reformas estructurales pendientes (ley de emprendedores, potenciación de la unidad de mercado…) deben impulsar el crecimiento de la actividad económica y aumentar la recaudación tributaria. La recuperación de nuestra economía depende, en gran medida, de la evolución del déficit en los próximos meses.