Los jueces piden que los políticos que vayan a juicio dejen sus cargos hasta el fallo

Madrid- La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la Carrera, es consciente de que la apariencia de politización de la Justicia es algo que está presente en gran parte de la sociedad española, lo que incide en que los ciudadanos tengan una percepción negativa de la misma, tal como se refleja en estudios demoscópicos. De hecho, más de mil jueces y magistrados, de todas las asociaciones y no asociados, suscribieron un manifiesto en el que se denuncia «el desmesurado grado de politización» de la Justicia en nuestro país. Ante esa situación, la APM considera del todo punto necesario indagar en las razones de ese sentimiento y encontrar soluciones «antes de que la pérdida de credibilidad afecte a la autoridad o legitimación social de la Justicia», según se señala en el informe «Propuestas para la mejora de la Justicia», aprobado por el Comité Ejecutivo de la asociación, a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN.
Sobre esta cuestión, se alude al daño que se ocasiona a la Justicia cuando desde los medios de comunicación se tacha de «conservador» o «progresista» a un juez que lleva un caso de relevancia pública, pretendiendo con ello anticipar el sentido del fallo. En todo caso, la APM entiende que una «minoración» del problema» de esa apariencia de politización de la Justicia pasaría por evitar trasladar a los juzgados y tribunales cuestiones que, «o bien son esencialmente políticas, o bien tienen un marcado componente político», tal como ha sucedido en los últimos años, lo que contribuye a situar a la Justicia en un terreno que no es propio.
«No puede estar recurriéndose siempre y en cualquier lugar para que quien decida finalmente si procede dar una subvención, aprobar un plan de urbanismo o abrir un parque natural sea un Tribunal. Hay cuestiones que deban quedar residenciadas en el plano político sin pasar al judicial», se señala al respecto en el informe de la asociación mayoritaria de jueces.
En este punto es donde la APM sugiere varias medidas que afectarían tanto a políticos inmersos en procedimientos judiciales como al Consejo General del Poder Judicial, Así, respecto a los primeros, considera que sería positivo que se arbitrase un «código deontológico» para que cualquier persona que ocupe un cargo público contra el que se haya abierto juicio oral ponga su cargo a disposición y se separe del mismo hasta que se dicte la correspondiente sentencia.
Con ello, se señala al respecto, se «evitaría la confusión entre responsabilidad política y judicial y la permanente puesta en cuestión de cualquier resolución judicial, derivando el debate a la decisión que pusiera fin al proceso».
Junto a ello, también pide la APM que los políticos que no realicen valoraciones o juicios sobre pleitos que no han terminado. «La clase política debería plantearse diferir cualquier valoración de las resoluciones judiciales hasta la finalización del procedimiento, lo que no quiere decir que no pueda y deban estar sujetas a la crítica, sino que esta crítica o análisis se posponga a la decisión final para impedir que pueda prejuzgarse el fallo».
Evitar ataques a instituciones
Además, la APM reclama al Consejo General del Poder Judicial una política «mucho más activa» para explicar a la sociedad los motivos de una determinada resolución judicial que haya sido criticada por la sociedad.
Otra propuesta relevante de la APM alude a la necesidad de que los recursos que se interpongan ante el TC contra los nuevos estatutos de autonomía se resuelvan antes de someterlos a referéndum : «Declarar la inconstitucionalidad de una norma directamente aceptada en referéndum alimenta el discurso de quienes pretenden fraccionar la soberanía popular, cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional y perjudicar la unidad del Estado, fundada también en la unidad de su pueblo soberano», tal como ocurrió con el Estatut de Cataluña.

Bermejo «gana» cuatro años
El ex ministro Mariano Fernández Bermejo se ha acogido también a la ley que le permite que el tiempo que estuvo como titular de Justicia, y, posteriormente, como diputado, le sean computados a efectos de antigüedad en la Carrera. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer que desde el 12 de febrero de 2007 se le debe considerar en situación de servicios especiales, y no de excedencia voluntaria, por lo que no pierde posición en el escalafón fiscal. Bermejo regresará como fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si no vuelve a ocupar un escaño. El CGPJ estudiará hoy la queja del Foro Judicial Independiente contra esa reforma legal.