El Gobierno de Griñán utilizó otra Consejería para seguir pagando ERE

Sevilla- La Guardia Civil ha apuntado en un informe que el Ejecutivo de José Antonio Griñán siguió con el mismo funcionamiento irregular para pagar expedientes de regulación de empleo que estaba en vigor desde 2001. La juez, Mercedes Alaya, ha encontrado indicios de delito en la actuación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, por continuar con las prácticas de sus predecesores y lo ha imputado en la causa. Ayer, el PP, dio un paso más, y acusó al Gobierno andaluz de utilizar otra Consejería, la de Economía, Innovación y Ciencia, para continuar con los pagos de los ERE cuando saltó el escándalo. Una fórmula –que bautizó como el «tercer fondo de reptiles»– que seguía evitando los controles administrativos pero que sorteaba el foco puesto sobre Empleo, el departamento en el que comenzó la investigación judicial.

En una carta, fechada el 14 de septiembre de 2010, Daniel Alberto Rivera se dirige al director de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA, el órgano externo que pagaba las ayudas directas a empresas y prejubilaciones. Le reclama que afronte «el pago del 75 por ciento de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los 199 trabajadores de Abantia Ticsa» y le explica que «la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». El actual director general le recuerda que «es un compromiso acordado desde las viceconsejerías de ambas Consejerías, con fecha de 26 de enero de 2010».

En esa época, aún estaba en la Consejería de Empleo Antonio Fernández, también imputado por la juez. El viceconsejero era Agustín Barberá, que firmó las alegaciones a la Intervención General de Hacienda cuando este organismo alertó –lo hizo anualmente desde 2005– de que se estaban tramitando ayudas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido». Las excusas oficiales, entre otras, era que el mecanismo ideado garantizaba la «paz social».

Quizá por eso, el Ejecutivo de Griñán ha seguido utilizando el procedimiento presuntamente irregular. En la carta, Daniel Alberto Rivera lo razona en esa línea: «Por todo ello, y a los efectos de no perjudicar a los trabajadores y empresa, ruego procédase a dar cumplimiento a la resolución de orden de pago de fecha 26 de mayo de 2010 y se abone la cantidad de 337.500 euros a los trabajadores de Abantia Ticsa, tal y como se indica con cargo a los fondos de la Consejería de Economía e Innovación».

Otro de los documentos hechos públicos por el PP –un folio a mano con el membrete de la consejería de Empleo– es una orden manuscrita del ex viceconsejero Agustín Barberá, al delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, en el que le trasmite: «Juan, éste es el tema de Abantia que hemos hablado. El compromiso es que Innnovación pone son 450.000 euros». Ése es el origen del pacto que luego pagó el actual Ejecutivo.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, señaló ayer que su formación tiene constancia de que se han producido más pagos de este tipo, lo que probaría la implicación de varias consejerías en la «trama de los ERE».

Precedentes de esa colaboración
La vinculación entre Empleo e Innovación no es nueva. LA RAZÓN ya publicó que el departamento que dirigía entonces Francisco Vallejo ordenó a la dirección general de Trabajo que asumiera el pago de 3,8 millones para el Plan Social de A Novo, ya que la empresa le vendió a Innovación su sede por esa cantidad y el dinero se usó para pagar a trabajadores.