Más de dos décadas de corrupción

Sevilla- Para Ecologistas en Acción la «operación Acinipo», bautizada así en alusión a un yacimiento arqueológico de Ronda, es «sólo la punta del iceberg» de lo que oculta el urbanismo local «con raíces de corrupción antiguas y profundas», advierten.

La reciente actuación de la Policía Nacional avala más de dos décadas de denuncias que han dado lugar a «unos 15 procedimientos judiciales que están hoy abiertos en los tribunales contra el ex alcalde ahora detenido –Antonio María Marín Lara (PSOE)– y varios concejales».

«En el año 1990 nos organizamos como movimiento y empezamos a actuar para hacer frente a los desmanes urbanísticos que se estaban cometiendo en el municipio», relata Juan Terroba, portavoz del grupo de Ecologistas de la Serranía rondeña. Asevera que durante su gobierno, Marín Lara, apodado «Toti», aprobó la cuarta modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad para autorizar la construcción de un centro Eroski, en los terrenos del campo de fútbol y del antiguo recinto ferial. Operación que cuenta con un informe favorable del Ejecutivo andaluz, y uso comercial del suelo que estaba previsto llevar hoy a pleno.

Pero Terroba recuerda que «la redacción de ese PGOU, el que tenemos hoy, fue nuestra primera gran batalla». Asegura que el que fuera consejero de Obras Públicas de la Junta, Jaime Montaner, «impuso al arquitecto-redactor del mismo». «Y, curiosamente –matiza–, el propio Montaner reapareció en 2006 como arquitecto redactor del macroproyecto turístico-urbanístico Los Merinos Norte». Un plan que preveía la ejecución de 800 viviendas de lujo, hoteles y dos campos de golf, al que el ex consejero renunció finalmente, pero que «provocó la imputación de Lara por supuesta prevaricación al concederle la licencia, pese a localizarse en una zona Reserva de la Biosfera».

Las pesquisas de la investigación abierta ahora «abordarán algunas de esta irregularidades», suponen. Pero no son las únicas. Siguen con el listado al que suman «la proliferación de decenas y decenas de casas en el suelo no urbanizable del entorno de La Hoya del Tajo; la construcción de un circuito de fórmula uno en el paraje Merinos Sur, en un área también Reserva de la Biosfera; o las extensiones de la urbanización Arenal 2000». Una retahíla de casos en los que «la Junta ha mirado para otro lado», lamentan. «Si no hubiera habido cierta complacencia del Gobierno regional, al que incluso pedimos en 2002 que retirara las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, muchas barbaridades se abrían evitado», señala Terroba, para exigir permisividad cero con la especulación.