La Junta logra reforzar la postura de Comunidad ante la gestión del Duero

«Castilla y León llevará una posición política y social de Comunidad para pedir que tenga un mayor peso y protagonismo en la gestión del Duero». Así lo destacó el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras mantener un encuentro con representantes de la FRMP, sindicatos, Cecale, organizaciones agrarias, las Cámaras de Comercio, las cooperativas y los regantes.

Al respecto, declaró que todos los agentes económicos y sociales se muestran de acuerdo con la propuesta de la Junta y han pedido que «no se pare la negociación» para alcanzar el mejor acuerdo posible «más pronto que tarde».

Con este apoyo, Castilla y León puede presentar una posición «fuerte» con el fin de gestionar la cuenca del Duero.

Sin perjudicar la campaña

De Santiago-Juárez explicó que los colectivos han solicitado que el diálogo y la búsqueda de soluciones se mantenga sin perjuicio del periodo preelectoral o del próximo desarrollo de la campaña electoral.

Asimismo, explicó que la Junta de Castilla y León «ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que son los que puden convocar la Comisión Bilateral». En este sentido, añadió que «parece que hay voluntad del Gobierno», y puso como ejemplo las declaraciones efectuadas por la ministra Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.

En cuanto a las posibles vías que se abrirán en la negociación con el Ejecutivo central, el portavoz explicó que son cuatro, pero que «las dos que más gustan» a la Administración regional son la delegación o la transferencia de competencias a través de una Ley Orgánica. Una tercera es la encomienda de gestión, «que no nos gusta nada», mientras que la cuarta «que no está en manos de la Junta» es la modificación de la Ley de Aguas de 1985.

Entre las materias que interesan al Gobierno Herrera para tener «más peso y protagonismo» en la Cuenca del Duero, están los usos del agua, como abastecimiento y regadíos; la protección de agua, en vertidos y depuración; y obras hidráulicas, como nuevos embalses que no sean de interés general que tiene que llevar a cabo la Administración central.