Los «indignados» abandonan los alrededores del Congreso

Varios centenares de personas han permanecido durante más de tres horas en la calle Cedaceros, próxima al Congreso, vigilados por la Policía Nacional y donde han coreado consignas de apoyo a sus compañeros detenidos. "No estamos todas, faltan las presas"-en referencia a las personas detenidas ayer jueves en Valencia-, ha sido uno de los lemas más coreados, aunque los "indignados"también han recordado a los detenidos en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela.

"Estamos preparando acciones para ir al Consejo General del Poder Judicial para pedir el sobreseimiento para los más de 30 detenidos en toda España", ha explicado una de las activistas del Movimiento 15-M. La concentración ha transcurrido sin incidentes, si bien al filo de la medianoche, un grupo de "indignados"ha interrumpido por unos minutos el tráfico en la calle Cedaceros.

Tras ese incidente, los activistas han permanecido sentados hasta pasadas las 2.00 horas, cuando una mayoría de ellos han emprendido camino a la Puerta del Sol. En la calle Cedaceros permanece un pequeño grupo de personas, que han manifestado su intención de pasar el resto de la noche frente al Congreso de los Diputados.

La Policía blinda el Congreso en previsión de nuevas protestas
Un amplio dispositivo policial, compuesto por 19 furgones policiales, ha sido desplegado en los alrededores del Congreso de los Diputados en previsión de que el Movimiento 15 de mayo convoque una nueva protesta ante la sede de esta institución, similar a la que tuvo lugar este miércoles, que se prolongó hasta la madrugada. A lo largo de la jornada ha ido incrementándose el número de vehículos de la Policía Nacional que se han repartido por todas las calles que rodean la sede parlamentaria: Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes y las calles Cedaceros y Zorrilla.

La mayor concentración de vehículos se colocó tanto ante la Puerta de los Leones, diez vehículos, como en la esquina de la Carrera de San Jerónimo con la calle de Cedaceros, otros siete, donde se desarrolló la concentración del miércoles. Los otros dos se situaron en la calle Zorrilla, la parte trasera del Palacio. El ir y venir de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en los alrededores de la Cámara Baja ha sido constante durante todo el día y su presencia también se ha notado en los bares de la zona, donde han ido a comer por turnos.

Sentada sin violencia
La sentada 'indignada', que fue una de las primeras actividades del movimiento tras anunciar que el próximo domingo levantarán el campamento de la Puerta del Sol, se desarrolló este miércoles sin incidentes. Los manifestantes se concentraron ante los agentes que les impedían seguir descendiendo por la Carrera de San Jerónimo coreando sus consignas, pero ni ellos ni la Policía hicieron uso de la fuerza. La protesta dio comienzo cerca de las siete y media de la tarde el miércoles, cuando ya habían concluido las sesiones de las dos comisiones que se reunieron por la tarde en las dependencias parlamentarias.

El Código Penal fija penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para aquellos quienes promuevan, dirijan o presidan "manifestaciones u otra clase de reuniones"ante la sede del Congreso, el Senado o las Asambleas autonómicas, que "alteren el normal funcionamiento"de la institución, siempre que ésta esté reunida. El mismo código establece que el que injurie gravemente a las Cortes Generales, hallándose en sesión, o a alguna de sus comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

Además, prevé penas de prisión de tres a cinco años para los que invadan con "fuerza, violencia o intimidación"la sede del Congreso, si está reunido, los que intenten hacerlo portando armas u otros instrumentos peligrosos o quienes empleen "fuerza, violencia intimidación o amenaza grave"para impedir a un miembro del Congreso asistir a sus reuniones. Al margen de estos delitos, la legislación prevé sanciones por infracciones administrativas para quien promueva concentraciones sin la pertinente autorización gubernativa, que en este caso compete a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.