Obligados a entenderse

BARCELONA– La Costa Dorada ha recibido con gran entusiasmo la futura construcción del macrocomplejo turístico Barcelona World en los terrenos colindantes a Port Aventura. Especialmente interesados en la culminación del proyecto se muestran los municipios sobre cuyos terrenos tiene previsto llevarse a cabo el complejo como son Salou y Vila-Seca, cuyos ayuntamientos, ambos de CiU, ya han manifestado su total disposición a superar las antiguas rencillas que en su momento les enfrentaron por el reparto de la fiscalidad generada por Port Aventura.

En la actualidad, ambos consistorios han optado por tomar un discurso mucho más diplomático y conciliador con el fin de no poner trabas a un proyecto totalmente favorable a sus intereses.
Hace dos décadas, cuando arrancó el proyecto de Port Aventura, los ayuntamientos de Vila-Seca y Salou crearon el Consorcio del Centro Recrativo y Turístico (CRT) como entidad reguladora de todo en planteamiento urbanístico, económico y tributario que genera el parque. Entonces, se estableció una división de los ingresos por fiscalidad generados por el parque al 50% para cada consistorio, un acuerdo con una vigencia de 20 años. En marzo, éste llegó a su fecha de caducidad y surgieron los problemas.

Repartir los beneficios
El Consistorio de Salou exigió un replanteamiento de ese reparto para prolongar el consorcio. «Al inicio de la inversión, hace 20 años, Salou cedió parte de su fiscalidad con la condición de que duraría 20 años y, pasado ese tiempo, cada municipio tendría su fiscalidad, la que le corresponde», señala Pere Granados, alcalde de Salou. Por entonces, Salou reclamó el 57% y el 43% para Vila-Seca, pero ante el desacuerdo entre los consistorios fue necesaria la mediación de la Generalitat para garantizar la vigencia y supervivencia del CRT.

Actualmente, el Parlament ha prorrogado el consorcio y se ha creado una comisión de expertos cuya principal misión es la de buscar la forma más adecuada de repartir la fiscalidad generada por Port Aventura. Y si inicialmente los ayuntamientos implicados mostraron su beligerancia en defensa de sus intereses, a día de hoy, el panorama ha cambiado radicalmente. «Aceptaremos lo que diga la comisión», asegura Josep Poblet, alcalde de Vila-Seca, quien recuerda que lo importante es que «este asunto no frene ninguna inversión». «Estamos trabajando en un acuerdo pero los terrenos disponibles y urbanizables y la inversión no tienen ningún impedimento para llevarse a cabo», aclara Poblet, Por su parte, Granados confirma que Salou «quiere el consorcio y su continuidad, porque consideramos que es la mejor herramienta para gestionar el macrocomplejo», pese a que sólo hace unos meses, cuando caducó la vigencia del ente de gestión, condicionó su prolongación a una reformulación de la partición fiscal. «Sólo queremos lo que nos toca y la comisión es la que debe determinar la fiscalidad que pertoca a cada ayuntamiento, valorando los elementos que generan fiscalidad», señala ahora Granados, quien además explica que «tanto el territorio que ocupa el complejo como los servicios que suministra cada municipio generan tributos y todos ello hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer».

Pese a que aparentemente este conflicto se está intentando resolver con diplomacia y evitando cualquier suspicacia, cada consistorio hace campaña por su cuenta. Así, mientras que Granados recuerda que «la mayor parte del complejo se ubica en terrenos que pertenecen a Salou», Poblet señala que «todos los servicios de Port Aventura a día de hoy los suministra Vila-Seca –afirmación que desmiente su homólogo de Salou–. El coste de estos suministros pasa por el consorcio, que lo reparte al 50% para igualar cargas y beneficios».

En cualquier caso, con la llegada del nuevo proyecto de Veremonte y La Caixa, ambos municipios han acercado posturas con tal de llegar a un acuerdo que tranquilice a sus inversores, que prevén esté listo en Navidad. «Cuando la comisión comunique su decisión se determinarán unas bases que se aplicarán también en Barcelona World», sentencia Granados.

Salou tiene más hectáreas en el parque
A la hora de establecer el nuevo reparto de la fiscalidad generada por el parque temático de Port Aventura entre Salou y Vila-Seca, la comisión de expertos deberá tener en cuenta varios factores. Son puntos determinantes los servicios que suministra cada municipio para el buen funcionamiento del parque o el término municipal al que corresponden los terrenos que ocupa. Así, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Salou, en lo que respecta a la fiscalidad, este Consistorio controla el 95 por ciento de las hectáreas de techo edificable de la zona comercial y el 75,64 por ciento de la parte del parque/resort, es decir, un 82,1 por ciento del total. Por lo que respecta a superficie de suelo, Salou cuenta con un 57 por ciento y Vila-Seca representa el 43 por ciento, aunque como señala el alcalde de Salou, Pere Granados, «es posible que en sólo una hectárea se genere una finalidad millonaria y en otras muchas no se genere nada». Salou se basa en estas cifras para pedir que la fiscalidad no sea de igual a igual como hasta ahora, sino que este beneficio tenga una posición dominante recaudando el 57 por ciento.
En cualquier caso, son los expertos los que tomarán la decisión que debe cerrar uno de los conflictos recurrentes entre ambos municipios desde que comenzó a gestarse Port Aventura.