La Junta no busca «recortar nada» en la reforma de las empresas públicas

SEVILLA- El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto para que las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía detallen los datos relativos a su estructura de recursos humanos y faciliten información económico-financiera sobre sus balances y memorias anuales. Es decir, que el propio Gobierno andaluz admite que no tiene toda la información sobre un entramado público empresarial que consta de 317 entes y a los que se destina aproximadamente un tercio del Presupuesto anual de la Junta, que supera los 33.000 millones. La aprobación de este decreto se origina cuando el Gobierno andaluz está inmerso en la elaboración de un plan de reordenación del sector público empresarial que debe presentar antes del 22 de junio. Se trata de un compromiso adquirido con el Gobierno central que, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, debe reducir el déficit público al 3 por ciento en 2014.Sin embargo, según explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, este plan «no está planteado pare recortar nada» sino que persigue «más eficiencia de nuestros recursos». Un argumento difícilmente conjugable ya que a renglón seguido reconoció que se recurrirá a la concentración, a la búsqueda de sinergias evitando duplicidades, a la disminución de alquileres o de gasto corriente y a una mayor productividad. La cuestión es cómo evitar que con la unificación de dos empresas con sus correspondientes plantillas no se produzcan puestos duplicados. La Junta baraja destinar a esos trabajadores a otras tareas.En cualquier caso, esa decisión no se conocerá ni siquiera el 22 de junio, ya que el plan de reestructuración se hará sin tener toda la información sobre las plantillas que componen esas empresas. De hecho, el decreto aprobado ayer para establecer «un sistema de datos armonizado que refleje la realidad de la Administración en su conjunto» ofrece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para recopilar todos esos datos, tanto los relacionados con la estructura de recursos humanos como los correspondientes a balance de resultados, situación de activos y pasivos financieros y participaciones en otras empresas. Por tanto, en el mejor de los casos no estará listo hasta finales de año. Eso no significa que la Junta no tenga información sobre las empresas en las que participa de manera mayoritaria, pero sí que es insuficiente para desarrollar un proceso de ajuste. «Queremos conocer bien para poder decidir correctamente», aseguró Martínez Aguayo. De todas formas, la consejera de Hacienda y Administración Pública parte de la premisa de que la actual dimensión del sector público empresarial andaluz no es excesiva, ya que aseguró que «nos cuesta lo que queremos que nos cueste».