El Gobierno convierte los órganos reguladores en agencias de colocación

MADRID- El Gobierno ha convertido los órganos reguladores de este país en agencias de colocación, al situar al frente de éstos a miembros afines al PSOE. El Ejecutivo se asegura de esta forma el control de todos estos órganos ante un posible cambio político tras las elecciones del 20 de noviembre, ignorando las insistentes peticiones de Bruselas para que España aumente la indepedencia de sus órganos reguladores.
Un ejemplo de la falta de indepedencia fue el nombramiento el pasado julio de Alberto Lafuente Félez como presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en sustitución de Maite Costa. Lafuente se encuadra en la vieja guardia socialista al haber sido alto cargo de Felipe González. También a propuesta del PSOE, el Gobierno nombró como consejeros de este organismo a María Teresa Baquedano, quien fue subdirectora general del Ministerio de Industria, y a Joan Batalla, jefe de gabinete de la anterior presidenta, Maite Costa, también propuesta por el PSOE en 2005. Por otro lado, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) tiene como nuevo presidente a un juez muy vinculado con la Junta de Andalucía, Joaquín García Bernaldo de Quirós, cuyo nombramiento fue propuesto el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Bernaldo de Quirós sustituirá a Luis Berenguer, quien ocupa la presidencia de este organismo desde 2005, una vez que comparezca ante el Congreso de los Diputados como obliga la Ley de Economía Sostenible (LES). Dentro de este mismo organismo, Luis Díez, será el nuevo vocal. Era jefe de gabinete de Pedro Solbes y de Elena Salgado en la vicepresidencia económica.

Politización
Según denuncia el Partido Popular, la «politización» de los organismos reguladores que el Gobierno inició el pasado abril «equivale a reducir la transparencia y fiabilidad de la economía española» en los sectores estratégicos, como son Comunicaciones, Energía y Defensa de la Competencia. El Gobierno colocó también el pasado abril al frente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a un perfil alineado con el PSOE, Bernardo Lorenzo, antiguo secretario de Estado de Telecomunicaciones. El PP viene reclamando desde hace tiempo que la designación de los miembros de los órganos reguladores se realice por consenso entre el Gobierno y las fuerzas políticas, y propone que éstos sean votados por el Parlamento, por mayoría de tres quintos para el presidente y mayoría absoluta para los consejeros. También el pasado viernes el Consejo de Ministros propuso a María Teresa Gómez Condado (afín al PSOE) como presidenta de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria – Comisión impulsada por el Ministerio de Fomento y que se creó el pasado agosto–. Como consejero nombró a Sergio Vázquez Torrán (afín al PSOE), gracias al apoyo de CiU, a cambio de permitir al partido catalán incluir a Óscar Oliver i Cristià, como consejero.
El PP tiene previsto formular mañana miércoles –en la Comisión de Economía del Congreso– una pregunta a la ministra Elena Salgado para que explique las razones de las últimas propuestas para la CNC del pasado viernes. Los populares adelantaron que, en caso de que ganen los comicios, darán un giro de 180 grados a los organismos reguladores, con el doble objetivo de reducir su número actual por un lado y modificar el vigente sistema de nombramientos por otro, para que primen los criterios profesionales sobre los políticos a la hora de nombrar a los elegidos.