El principio del fin de la Cañada en marzo

MADRID- Ya hay fechas para el principio del fin de la alegalidad en la que viven los (aproximadamente) 10.000 habitantes de la Cañada Real. Si el pasado jueves la Consejería de Asuntos Sociales se reunió con las asociaciones de vecinos de los seis sectores en los que se divide el tramo «a resolver» de la antigua vía pecuaria –ahora bien patrimonial de la Comunidad– en la que fuera la primera mesa sectorial, ya hay plazo para que se produzca el encunetro con la otra parte implicada: los ayuntamientos. Según anunció ayer el viceconsejero de la Comunidad, Ignacio González, el Gobierno regional convocará un encuentro, antes de que termine el mes de marzo, con las tres administraciones municipales implicados: Coslada, Rivas y Madrid capital.
El Consejo de Gobierno conoció ayer en su reunión semanal el informe de la situación de la Cañada, elaborado a partir de datos proporcionados por las asociaciones y los profesionales del Iris. Según explicó González, antes de producirse la reunión conjunta con las administraciones locales y la delegación del Gobierno se realizarán reuniones por separado con las instituciones. La Consejería de Salvador Victoria empezará la ronda de reuniones el próximo martes. Será con el alcalde de Coslada, Raúl López, con quien no parece que lo vayan a tener fácil. A punto de concluir el censo de su tramo (el término municipal aglutina la mayor parte del sector 1, el mejor integrado), el primer edil de la localidad afirmó que «el que no pueda demostrar con papeles la propiedad y haya ocupado ilegalmente los terrenos, tendrá que marcharse». Mejor predisposición para llegar a un acuerdo marco espera la Comunidad por parte de Madrid y Rivas.Y es que, desde que el pasado mes de marzo entrara en vigor la ley 2/2011 de la Cañada Real, el Gobierno regional se ha propuesto actuar como intermediario entre los ayuntamientos y los propietarios de las viviendas, «tratando de buscar en todo momento los puntos en común». Tras reunirse con los vecinos, la Comuniad solicitó a los ayuntamientos afectados una moratoria en los derribos que se producen en la zona (menos en los casos que respondan a razones de inseguridad ciudadana o infravivienda) mientras se dialoga.

Proceso de diálogo
El Ayuntamiento de Rivas se opuso a esta última idea, ante lo cual González se mostró sorprendido, ya que la encuentra lógica dentro de un proceso de diálogo. El vicepresidente insistió en que no están diciendo que no apliquen las ordenes judiciales ni los derribos «en los casos en los que esté decretado en infraviviendas o situaciones de ilegalidad».