El 23-F con ETA al fondo

Hoy se cumplen 30 años del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una fecha señalada en rojo en la memoria de los españoles, que sintieron por unas horas cómo la libertad recuperada se resquebrajaba. Tres décadas de la imagen del teniente coronel Antonio Tejero, pistola en mano, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados, y del dramático sonido de los disparos que los españoles escucharon por la radio con la incontenible impresión de que la historia de España volvía a torcerse como si los anhelos de democracia fueran misión imposible. Y tres décadas de la decisiva intervención del Rey, que se erigió entonces en el responsable principal de que aquella intentona no sólo fracasara, sino que supusiera además para el país una suerte de catarsis. Sin quererlo, los golpistas provocaron una carrera acelerada y sin vuelta atrás hacia la libertad, la modernidad y el progreso. En pleno siglo XXI, sin embargo, arrastramos todavía alguno de los factores que contribuyeron decisivamente a crear un caldo de cultivo en el que la asonada pudo planificarse y ejecutarse. Más allá del clima político de aquellas fechas, con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición, la aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas, o la descomposición de UCD, que precipitó la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981, el terrorismo de ETA y de los Grapo fue un elemento determinante para generar un ambiente opresivo y asfixiante en la democracia joven e inexperta de principios de los 80. Hay que recordar, por ejemplo, que la brutal campaña terrorista de ETA causó 76 muertos en 1979 y 92 en 1980, los dos años más letales de la banda. Y también se nos hace imposible olvidar cómo todas esas víctimas, la mayoría militares, guardias civiles o policías, eran despedidas casi en la clandestinidad y de forma vergonzante. El golpe del 23-F fue en buena medida una respuesta absolutamente equivocada en todos los sentidos a aquella situación trágica de los denominados años del plomo de ETA. Quienes intentaron subvertir el orden constitucional prestaron un pobre favor a la lucha contra el terrorismo. El regreso al pasado nunca hubiera sido una solución, sino que habría supuesto el agravamiento del problema. La asonada, como después los atajos de la guerra sucia, o, en otro plano moral, la negociación de los gobiernos democráticos con ETA, en la que algunos sobrepasaron las líneas rojas de los principios del Estado de Derecho, fueron una sucesión de atropellos y fracasos en la lucha contra ETA. Esta particular memoria histórica nos debe servir no sólo para subrayar colectivamente el valor supremo de la libertad y de la paz, sino también para aprender que el fin del terrorismo sólo puede llegar tras la derrota de la banda mediante la utilización contra los asesinos y sus cómplices de todos los medios policiales y judiciales de la democracia sin atajos ni medias verdades. Hace 30 años, los pistoleros pusieron contra las cuerdas al Estado de Derecho recién estrenado y unos golpistas trasnochados cayeron en su trampa. No conviene olvidarlo hoy.