La Fiscalía alerta del aumento de pornografía infantil en internet

Además, en la Memoria, el Ministerio Público apunta las dificultades de diferenciar entre la mera posesión de material pornográfico y la posesión preordenada a la distribución
a terceros. "Un importante acopio de material puede obedecer al comportamiento propio de un coleccionista y no de un distribuidor", señala en su informe.

Según la Superior, todas las Fiscalías Provinciales, afirman que las figuras delictivas relacionadas con la pornografía infantil se encuentran, hoy por hoy, en términos estadísticos, entre las más abundantes de las que se cometen en la red. Así, la Fiscalía de Granada menciona 25 procedimientos por delitos de pornografía infantil, lo que supone una relativamente notable incremento respecto de las cifras del años anterior (19).

La Fiscalía de Almería menciona cinco procedimientos de este tipo, y la de Córdoba otros 5. Por su parte, la Fiscalía de Cádiz señala que se mantiene la línea ascendente de infracciones relacionadas con la creación y distribución de pornografía infantil, que alcanza la cifra de cuatro procedimientos incoados.

En general, según la estadística que aporta la Fiscalía de Granada, que es extrapolable al conjunto de Andalucía, respecto del año 2009 la criminalidad informática ha crecido un 35 por ciento, y desde el año 2007 prácticamente se ha cuadruplicado el número total de infracciones.

La tasa de crecimiento anual se sustenta sobre todo en base al aumento de los delitos de revelación de secretos, injurias y calumnias, pornografía, estafas y contra la propiedad intelectual, habiendo descendido los delitos a través de las compras online.

La Fiscalía remarca además el aumento "espectacular"en materia de delitos tecnológicos señalando diversos factores favorecedores de la tendencia como el anonimato, la facilidad de acceso, la generalizada utilización por parte de los menores de edad y la constatación efectiva del alto grado de impunidad. En cuanto a los delitos patrimoniales, su incremento es espectacular, habiendo pasado por ejemplo en Granada de 271 casos denunciados en 2009 a 445 en 2010.

Por otra parte, según recoge la Fiscalía en su memoria, el Cuerpo Nacional de Policía ofrece datos más analíticos sobre el origen de las denuncias, evidenciándose un predominio de comisión delictiva mediante el empleo de números de tarjetas de crédito falsas. Los hechos suelen consistir en delitos patrimoniales, donde personas desconocidas ofrecen la contratación de servicios a empresarios o personas intermediarias que cooperan en la realización de transacciones económicas a cargo de dichas tarjetas, repartiéndose su cuantía.

Estos hechos a veces suelen asociarse a actos de blanqueo y receptación. Se asocian muchas veces a grupos de extranjeros procedentes del Este de Europa, que aparecen implicados en numerosos actos de defraudación patrimonial de menor entidad, pero que analizados en conjunto ponen de manifiesto seguir un mismo fin criminal de mucha mayor entidad.

La existencia de delincuencia contra el honor, contra la libertad o contra la dignidad de las personas se destaca por algunas Fiscalías. Así, la Fiscalía de Granada reflexiona acerca de las dificultades de autorización judicial al acceso policial al listado de comunicaciones mantenida por un presunto autor de un 'child grooming' (acoso sexual a menores).

Sobre la base de no ser delitos graves, cabe la denegación del mandamiento de identificación de datos IP dirigido al proveedor de acceso a Internet, aunque sin embargo resulta muy frecuente la comisión de delitos que constan de una primera fase o etapa de captación de la voluntad del menor mediante la toma de contacto por medio de mensajería instantánea, para aparecer posteriormente los actos explícitamente sexuales para concluir, en la última fase, con la amenaza directa al menor cuando éste quiere concluir el contacto.

Como en años anteriores, la Fiscalía reflexiona acerca de que la severidad de las penas impuestas por los delitos informáticos, lejos de intimidar a los autores, se convierte a veces en un elemento en contra de su condena, "al resultar un elemento de desproporción que los juzgadores a veces ponen en cuestión y les lleva a imponer sanciones más benignas".