Un imputado se querella contra las fiscales por ocultar una prueba favorable a Camps

Las fiscales Anticorrupción del «caso Gürtel» Concepción Sabadell y Miriam Segura tuvieron «perfecto conocimiento» de que, de forma «maliciosa», unas conversaciones grabadas al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, que «sin duda exculpaban» al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no se enviaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia. Éste es uno de los argumentos esgrimidos por el abogado, y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez –defensor del empresario imputado Ignacio Ulibarri–, en la querella presentada ayer contra ambas fiscales por prevaricación y un delito contra las garantías de la intimidad. El letrado, en realidad, ha ampliado la querella presentada en su día contra el juez Baltasar Garzón por ordenar grabar las conversaciones en la cárcel entre los abogados y algunos imputados del «caso Gürtel».Según el escrito, ambas «no hicieron nada» para reclamar la incorporación de esas transcripciones al procedimiento abierto en el TSJ de Valencia después de que Garzón se inhibiera del caso, por lo que «se privó a su defensa de una prueba fundamental y esencial». Y no sólo ante el instructor, añade, sino también ante el propio Tribunal Supremo, «cuando estas mismas fiscales recurrieron el sobreseimiento».En esa conversación mantenida el 6 de marzo de 2009 entre Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y Pélaez –que Garzón ordenó grabar– el primero mantenía que «el sr. Camps se pagó sus trajes» por lo que, añadía, estaba convencido de que esa imputación «nunca la podrán demostrar, porque no es cierto».El abogado de Ulibarri, además, cree que las fiscales tenían «especial interés» en que Garzón se hiciese cargo de la investigación, por lo que se saltaron «conscientemente las normas de reparto» y presentaron su denuncia directamente en su juzgado. Del mismo modo, considera que no cumplieron con su obligación «de forma clara y evidente» cuando consistieron que el juez siguiera adelante con la intervención de las comunicaciones en prisión (anuladas después por el TSJ de Madrid), valiéndose además de la información obtenida «de forma claramente ilícita». Así, Peláez pide al Supremo que las cite a declarar porque «facilitaron» y «consistieron» las decisiones «ilegales» adoptadas por Garzón al respecto.