La educación vuelve a los tribunales

MADRID- La educación no sale de los tribunales. Cuando todavía colean recursos por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ahora una cuestión como la convocatoria de oposiciones para maestro judicializa de nuevo la educación después de que el Ministerio de Economía haya recurrido la convocatoria de plazas de Castilla y León, Cataluña y Navarra. Y todo porque han sacado más del 30% de plazas (las previstas para la reposición de efectivos), el límite previsto en la Ley de Presupuestos del Estado.
Y esto sólo ha sido el comienzo, porque los próximos recursos irán contra la oferta de plazas que han presentado Extremadura, Aragón, Andalucía y Baleares. La cuestión es que, a partir de ahora, los distintos tribunales superiores de justicia de las autonomías pueden emitir fallos contradictorios. Así, puede ocurrir que mientras en una comunidad se puede suspender la convocatoria, en otra puede ocurrir todo lo contrario. Se crea así una situación de «inseguridad jurídica» porque las autonomías tienen convocadas plazas y los opositores han pagado las tasas, pero aún no se sabe si se podrán o no examinar, asegura el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández. En total, se ven afectados 7.000 opositores de estas comunidades donde no está claro que vaya a haber examen.
A esta circunstancia se añade que Madrid ha retrasado su convocatoria de oposiciones para octubre, ya en pleno curso escolar, lo que obligará a muchos profesores interinos que quieren optar a una plaza y al personal docente examinador a ausentarse de las clases durante los días de exámenes. Además, se generará una avalancha de aspirantes de otras comunidades que acudirán a Madrid a examinarse, especialmente de las autonomías en las que está recurrida la convocatoria o de aquellas en las que ni siquiera han convocado, como son Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria, La Rioja y Canarias. Precisamente contra estas comunidades el sindicato ANPE exige a la Administración que interponga otro recurso por el hecho de no convocar ni siquiera el 30% de la tasa de reposición que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La iniciativa de recurrir las oposiciones ha sido de Economía, pero las críticas han sido para el Ministerio de Educación. El presidente de ANPE criticó «el caos organizativo, la descoordinación entre el Estado y las autonomías» y la «falta de liderazgo del Ministerio de Educación».

«Mala fe»
FETE-UGT ha reclamado al Gobierno «sentido común» y «contundencia» para exigir el cumplimiento de medidas económicas a sectores que «verdaderamente hacen poco para disminuir el paro, crear empleo y mejorar la hacienda pública».
Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC OO cree que la reducción del número de maestros para los cursos próximos «supone la renuncia definitiva de este Gobierno a la mejora de la calidad de la enseñanza pública y contradice, en la práctica, las declaraciones y los objetivos Educación».
Comunidades como Castilla y León creen que el Gobierno ha actuado de «mala fe» porque «el Ministerio de Educación pidió a las autonomías que se esforzaran en convocar oposiciones y Hacienda ahora defiende lo contrario». A su juicio, «es extraña la actuación del Estado».