El Gobierno debía «legalizar» en 2006 a los controladores militares

El 5 de abril de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo emitió una directiva relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. En ella, a raíz de la creación del cielo único europeo, se instauraba la licencia y se obligaba a los estados miembros a aplicarla a los controladores de tránsito aéreo general. La directiva entraba en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de la UE y los estados miembros estaban obligados a cumplirla antes del 17 de mayo de 2008, cosa que no se produjo en nuestro país hasta octubre de 2009, cuando publicó el Real Decreto que desarrollaba la directiva.

En ese decreto, el Ejecutivo se comprometía a, «en el plazo de un año», adoptar las medidas «para que garantizar que los controladores militares que presten servicio de control de tránsito aéreo general cumplan los requerimientos» reflejados en el texto, es decir, tengan la licencia. El plazo expiró el pasado 16 de octubre y el Gobierno no ha hecho «los deberes», así que los militares que se ocupan también del tránsito aéreo general, hacen su trabajo sin la preceptiva licencia que marca la UE. El 18 de octubre, los controladores del Ejército del Aire preguntaron a sus mandos qué debían hacer al haber expirado el plazo y seguir sin la licencia obligada. La única respuesta que pudo dar el Cuartel General, ante la inactividad del Gobierno en este asunto, es que «se mantiene en vigor los actuales certificados de Aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo regulados en la Orden del Ministerio de Defensa 4/1990». De hecho, esos controladores llegaron a elevar una instancia en la que ellos mismos reconocían que no contaban «con los requisitos exigidos para desarrollar» las funciones de controlador aéreo general.

Conversaciones retomadas
Con la situación normativa antes explicada, a día de hoy, excepto unos cuarenta que fueron habilitados en septiembre pasado, el resto sigue controlando el tránsito aéreo sin cumplir los requisitos marcados por la Unión Europea y el propio Gobierno.

A raíz de la crisis desatada el pasado viernes con la huelga salvaje de controladores civiles, el Ministerio de Fomento y el de Defensa reiniciaron las conversaciones para cumplir con estas prerrogativas. El departamento de Carme Chacón está dispuesto a ofrecer cuantos controladores precise el Ministerio de Fomento, aunque estos deban pasar el trámite de formación para que se les otorgue la licencia adecuada a las exigencias legales. El impulso para acabar con esta situación irregular debe partir de Fomento, responsable máximo de la seguridad aérea.

Actualmente, los controladores militares ejercen en muchos puntos de España funciones de control de tránsito aéreo no militar, no sólo en el caso de bases en las que también operan vuelos civiles, sino que también velan por el tránsito de vuelos desde centros de control estrictamente militares.