El PSOE votará en contra de que se regule el uso del Falcon

MADRID-El PP presentará una proposición no de ley en el Pleno del Congreso para que se regule el uso privado o para acudir a actos de partido de aviones militares por parte de miembros del Gobierno y otros altos cargos. Y el PSOE votará en contra. Lo hará, argumentan, porque considera «muy difíciles de delimitar» los desplazamientos que puede realizar, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en función de su cargo de presidente o de líder del PSOE.Por eso, según avanzaron a Europa Press fuentes socialistas, el PSOE utilizará el debate de mañana para intentar desmontar la «polémica artificial» que, desde su punto de vista, está alentando el PP a raíz de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas pidiera una regulación específica del uso de medios de transporte oficiales en las campañas electorales por parte de autoridades públicas. El órgano fiscalizador incluyó esta recomendación en su informe sobre la fiscalización de los gastos de las elecciones europeas de 2009, argumentando que una regulación específica ayudaría a «despejar incertidumbres» como la que se generó durante esa campaña por la utilización del avión militar Falcon a disposición de Presidencia del Gobierno para que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera a mítines del PSOE. La intención del PP es que el Congreso inste al Gobierno a remitir a la Cámara lo antes posible un régimen jurídico «completo» sobre el uso de estos aviones. Además, el primer partido de la oposición plantea que si se acreditan «razones de interés objetivo», como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice. Tanto el PSOE como el Gobierno ven «muy complicado» regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a actos electorales. Y es que el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, precisó que «el sentido fundamental» de su recomendación es que «todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña, debe ser definido como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado».