El Govern pretende pagar la traducción al catalán de los pleitos en Madrid

BARCELONA– El ámbito de la Justicia ha sido considerado tradicionalmente el gran agujero negro del proceso de normalización lingüística que la Generalitat acomete desde hace años para fomentar el catalán. Pues bien, la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, no sólo está dispuesta a firmar acuerdos de colaboración con los colegios de abogados pra que el catalán sea vehicular en la Justicia, sino que también está abierta a asumir el coste de la traducción al catalán de los pleitos en Madrid.

Fernández Bozal ha trasladado este asunto al ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, con el que ya se ha entrevistado. La consellera argumentó, en una entrevista Catalunya Ràdio, que «la Generalitat tienen la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales».
El Govern siempre ha justificado este tipo de iniciativas al amparo del artículo 50 del Estatut, que establece que «los poderes públicos tienen que proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores, para fomentar su uso, difusión y conocimiento».

Hace tres meses, la Generalitat firmó un acuerdo de colaboración con el Colegio de Abogados de Cataluña para impulsar el catalán en la Justicia y, así, aumentar el número de sentencias redactadas en la lengua vernácula. Según la administración autonómica, a lo largo de 2010 hubo 221.000 sentencias en castellano y 37.000 en catalán.

La consellera también se refirió a las tasas que pretende aplicar para recaudar unos 20 millones al año. Estos impuestos gravarán la prestación de servicios personales y materiales, así como la utilización o aprovechamiento de bienes y derechos afectos de la administración de justicia. Fernández Bozal dijo que tiene la intención de mantenerlas, a pesar de que el Estado también pueda implantar nuevas tasas.

«Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la Justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el Ministerio no puede poner tasas», explicó.

La consellera aclaró que las tasas de la Generalitat no afectarán a los usuarios de las jurisdicciones penal y social, y se centrarán en las contenciosa-administrativa y civil, con el pago por los servicios de entre 60 y 120 euros.

En su opinión, estos ingresos extra son necesarios porque se atraviesa un momento de «restricción presupuestaria» y es necesario contribuir a financiar la modernización de la Justicia en Cataluña.