Estrasburgo
El salario mínimo subirá menos de lo prometido
El Gobierno lo elevará hasta 657 euros en 2012, lejos de los 800 euros anunciados
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció ayer que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá «entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, y recordó que la proyección para este ejercicio refleja un alza del 1,3%. De esta forma, el SMI se sitúa en 641 euros este año y en 657 euros, como máximo, en el ejercicio que viene. Las cifras anunciadas por el ministro se alejan de los 800 euros de SMI que el Ejecutivo prometió a los sindicatos para la presente legislatura. De haber elevado el salario mínimo a esta cantidad, el aumento habría sido del 33,33%, el triple del 9,57% con el que se cerrará el periodo.
Los secretarios generales de UGT y CC OO no dudaron en reprochárselo al ministro de Trabajo. Cándido Méndez (UGT) lamentó que el SMI no vaya a llegar «ni siquiera a los 800 euros» que en su día prometió el Ejecutivo, y recordó al ministro de Trabajo la brecha existente con Francia, donde el sueldo mínimo se sitúa «en 1.350 euros». Ignacio Fernández Toxo (CC OO) indicó por su parte que es «evidente» que el Gobierno no va a cumplir su promesa. «No estoy de acuerdo», dijo Toxo.
Sobre la recién aprobada reforma de la negociación colectiva, Méndez denunció que hay «muchos convenios bloqueados» a pesar de que la reforma ya está lista. Toxo destacó que las medidas tomadas contra la crisis no se centran en crear empleo, que pasa «a un segundo o tercer plano», sino que van encaminadas a la reducción del déficit. Además, denunció que las reformas emprendidas están «gravemente condicionadas» por las decisiones de la Comisión Europea.
El ministro también se refirió al proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva para señalar que el Gobierno mantiene «un nivel razonable de apertura» sobre posibles cambios que se introducirán a su paso por el Parlamento.
El TC avala el recorte a los funcionarios
El Tribunal Constitucional (TC) respaldó ayer el recorte salarial del 5% para los empleados públicos, que el Gobierno decretó en mayo del pasado año. A su juicio, no vulneró derechos fundamentales como el de la negociación colectiva, por lo que no admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que la Audiencia Nacional presentó en octubre.Los sindicatos amenazan con ir a Estrasburgo.
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