En el corazón del corralito

Salvadora Pallarés, de 82 años, ingresó los ahorros de toda la vida en la cooperativa agrícola de su pueblo, L'Aldea (Tarragona). La empresa hacía las veces de banco con su oficina de crédito y la anciana nunca pensó que de la noche a la mañana volaría su dinero. Pero así fue. La semana pasada, la dirección anunciaba la tragedia: la falta absoluta de liquidez. No se podría dar ni un euro a nadie del pueblo. Los vecinos debían subsistir con lo que llevaban en los bolsillos hasta próximas noticias. Algunos apenas contaban con 20 euros en la cartera. «En mi caso no he perdido millones», explica con tristeza Salvadora, «pero era lo único que tenía». «Fui el mismo día 30 a ingresar dinero para mis nietos… y el día 1 había desaparecido. ¿Cómo nadie me dijo que la cosa iba mal? ¿No lo sabían o qué?», se indigna desde su casa, a apenas 100 metros de la cooperativa.

No es la única. Unos 3.000 de los 4. 300 habitantes del municipio ha perdido temporalmente el acceso a nóminas, pensiones, ahorros. La mayoría de ellos está entre los 65 y los 70 años. Cuentan las pérdidas en las antiguas pesetas. En el bar Societat, frente a la cooperativa, un grupo de seis jubilados discute a voces sobre lo que ha podido ocurrir. Hablan de «corralito», como en Argentina, y disparan hacia todas partes. «En el momento del crack, algunos ya habían sacado sus ingresos. ¿Cómo lo sabían?». «La Generalitat siempre nos ha despreciado. No ha hecho nada para evitar esto. Creen que Cataluña acaba en Salou», añade otro mientras mira los periódicos con L'Aldea en la portada. «Aquí ha ocurrido, en menor grado, lo que habría pasado en toda España si no se hubiera inyectado dinero a los bancos. Habría un corralito nacional», apunta finalmente, apoyado en un bastón, José Estorach, de 94 años, patriarca de una de las familias mas afectadas del municipio.

Cáritas reparte alimentos
La situación es tan dramática que se han establecido dos puntos de reparto de alimentos. Uno en la parroquia de San Ramón y otro en el Ayuntamiento. El párroco de la iglesia y consiliario de Cáritas, Víctor Cárdena, explica que, desde hace años, todas las semanas reparten ayuda entre los necesitados de la zona, unas 300 familias, sobre todo de Pakistán y Senegal. Con la falta de solvencia de la cooperativa, el número de personas solicitando ayuda ha aumentado considerablemente. Vecinos que nunca se vieron en un drama semejante y prefieren que no se les vea. «La mayoría prefiere que nosotros nos acerquemos a sus casas una vez ha anochecido», revela el sacerdote. No es plato de gusto para nadie.

A los vecinos no les gusta reconocer que pasaron de familias «normales» a ser «necesitados», comenta Cárdena. Y en apenas unas horas. «Son personas con un nivel adquisitivo normal que, en un momento inesperado, se quedaron sin nada. El golpe es más psicológico que otra cosa», considera el sacerdote. Desde el Ayuntamiento, al administrativo Jordi Armengol, le toca repartir cajas de comida. Una de ellas la recogió el pasado lunes Salvadora Pallarés, que camina con dificultad, acompañada de su hija. «Nunca había tenido que pedir, pero mira…», reconoce con la mirada perdida. «Me duele haberlo perdido todo y de esta forma». A la pregunta de una solución a corto plazo, como aseguraron desde la cooperativa, sólo suspira: «Esperemos». Y vuelve al silencio.

Pepita Franch, de 87 años, niega con la cabeza todo el tiempo. Todavía no puede creer lo que ha ocurrido. «Hay muchos ladrones», alcanza a decir desde la pollería que regenta ahora su hijo, José Ramón Sanz, de 47 años, donde también venden churros. «Mi madre está muy asustada. No ha podido cobrar la pensión. Alguien debe responder por todo esto», se altera. Lluís Boronat, de 38 años, es de la misma opinión. «Los medios de comunicación han echado una mano. Mi mujer y yo teníamos domiciliados todos los gastos en la cooperativa», asegura con enfado.

«La Generalitat nos ha tranquilizado un poco… Pero no sabemos qué va a pasar», añade este empresario de la construcción, con dos hijas, de 9 y 7 años. «Estamos desamparados», dice. «Res de res», añade en catalán.

Solidaridad
El pueblo está dividido en dos barriadas y está rodeado de naranjales por la parte norte y arrozales por el sur. También se cultivan coles, tomates, coliflores… La mayoría de los habitantes de la zona, cerca de Amposta, son payeses. Algunos vendieron sus tierras para participar en la cooperativa, donde, además de hacer las funciones de banco, se venden verduras al por mayor y piensos. La solidaridad no llega sólo de los vecinos. La Diputación de Tarragona ha ofrecido ayuda económica. Las redes sociales también se han movilizado y han creado iniciativas para recaudar fondos.

La mala gestión de los administradores parece ser la causa del crack, aunque gente, como J. J., de 46 años, que prefiere no dar su nombre, cree que «hay gato encerrado». Apunta a algunos de la cooperativa, «que controlan toda la mafia». En cualquier caso, la solución no es sencilla. La Generalitat de Catalunya aseguró a los afectados que se haría cargo del asunto. Una inspección ya dio cuenta de que el problema no era tan profundo como se pensó en un principio. Pero las consecuencias del supuesto corralito podrían contagiarse. «El problema es la desconfianza que puede generarse en otras cooperativas agrícolas», lamentan algunos entrevistados.

El municipio se está organizando por su parte. Ha creado una Plataforma que cuenta ya con 400 miembros. Sigue aumentando. «Hoy ya han venido unas 10 personas. Firman y también se llevan comida», cuenta Jordi Armengol, administrativo del consistorio. En lugar de estanterías con papeles, su mesa de trabajo se encuentra a pocos metros de las cajas de leche, huevos, pasta o aceite.

Los responsables de la cooperativa achacan el problema a una mala gestión al haber invertido en un sistema de regadío. En la oficina de crédito, uno de los responsables, Enric, que prefiere no dar su apellido, insiste en que «ya se está elaborando una serie de informes para resolver la situación lo antes posible». Un goteo de personas entraba y salía de la oficina el miércoles pasado. Iban con cara de pocos amigos.

¿Dónde está el dinero?
El agujero económico comenzó, según la empresa, al comprar un solar para albergar un vivero y un nuevo sistema de regadío. Pero las cuentas no salieron bien y se hipotecaron por más de 1,5 millones de euros. El dinero procedía de los ahorros de los socios, es decir, del municipio de L' Aldea y otros de la zona. El pasado miércoles se hizo en los juzgados de Tarragona una petición para un concurso de acreedores, el cual deberá presentarse en los próximos cuatro meses. El delegado de la Generalitat en las tierras del Ebro, Xavier Pallarés, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad tras el primer informe realizado sobre el terreno. El responsable tildó el problema de «puntual», informó Efe.