La Junta no colabora con la juez y no le entregará las actas de sus reuniones

SEVILLA- La Junta de Andalucía no entregará las actas de los Consejos de Gobierno que le reclama la juez Mercedes Alaya para investigar hasta dónde llegan las responsabilidades en la trama de los ERE falsos financiados con dinero público. Así se lo trasladaron ayer los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a la instructora tras una reunión en su despacho que duró sólo cuatro minutos. El Ejecutivo de Griñán registró el pasado 31 de marzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un requerimiento de inhibición en el que consideraba que la juez era incompetente para reclamar las actas de sus reuniones semanales desde 2001, opinión que ratificó a través de su representante legal ante la titular del juzgado tras una citación de ésta.
La Junta insiste en que las actas tienen carácter «reservado» y se niega a entregarlas. Su alternativa para no acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción –una sala radicada en el Tribunal Supremo– es la misma que ofreció públicamente el día 29 de marzo: certificación de acuerdos o informes concretos «relevantes para la investigación».
Las discrepancias no son sólo jurídicas. En un auto dictado el pasado 30 de marzo, Alaya defendió que el carácter secreto y reservado de las actas sólo afecta a las deliberaciones, informes y votaciones del Consejo de Gobierno, mientras que su petición sólo afecta a los acuerdos tomados en las reuniones. Al margen de ello, la instructora aclaró que el hecho de pedir el resumen de todas las reuniones desde 2001 no es un capricho: «Si conociera qué actas son relevantes para la investigación sólo pediría ésas», apuntó.
También reprochó abiertamente la actitud de los responsables políticos andaluces: «Resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello»
El Gobierno andaluz, pese a repetir de manera incesante su «colaboración» con la Justicia, no cede en este punto. Considera que la exigencia de la juez es «indiscriminada» y «no motivada» y esgrime la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía para no modificar su postura.
 Ahora será la instructora la que tenga que tomar una determinación: presentar ella misma un conflicto de jurisdicción o responder mediante otro auto a la actitud del Ejecutivo andaluz.
En el caso de que este choque entre ambos poderes se dirima en la sala especial del Supremo, el conflicto podría durar unos cuatro meses. La Ley Orgánica 2/1987 de conflictos jurisdiccionales regula de manera detallada el procedimiento. Esto no para la investigación, en todo caso la postergará en este punto.

Manos Limpias ve «mala fe»
El sindicato Manos Limpias, que está personado en la causa como acusación particular, ha pedido a la juez que «expulse de la causa» a la Junta «por abuso del Derecho y mala fe procesal al tratar de que la juez se inhiba». El Gobierno andaluz está personado como parte perjudicada, pero la propia instructora criticó su actitud que calificó como «abuso de derecho». Manos Limpias anunció que ampliará su querella y exigirá además «responsabilidades civiles subsidiarias» por los «daños morales y económicos ocasionados».