Cataluña
La Fiscalía investigará las pensiones millonarias de Caixa Penedès
La Fiscalía Superior de Cataluña anunció ayer que abrirá diligencias para investigar las remuneraciones de la cúpula de Caixa Penedès, horas después de que el consejo de administración de la entidad forzase la dimisión de forma fulminante del presidente, Ricard Pagès, y del director general, Manuel Troyano, al hacerse público que, junto con otros dos ex altos cargos –el ex director general, Joan Caells, y el ex jefe de recursos humanos, Jaume Jorba–, disponían de un plan de pensiones conjunto de más de 20 millones de euros. Caixa Penedès, integrada en Banco Mare Nostrum, ha recibido ayudas públicas por valor de 916 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El órgano judicial ha decidido actuar de oficio al conocer por los medios de comunicación el alcance del caso. Fuentes de la Fiscalía aseguran que hay indicios suficientes que justifican la acción.
En un comunicado difundido al finalizar la reunión del órgano de gobierno de la entidad, los consejeros han sido categóricos con las razones que los han llevado a solicitar la dimisión de los dos ejecutivos: «El consejo de administración manifiesta su desaprobación al contenido, método de instrumentación, falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción de los paquetes de carácter remunerador y de previsión social de cuatro altos cargos directivos que están o han estado vinculados a la entidad hasta fechas muy recientes».
La presidencia de la entidad ha sido asumida de forma provisional por el vicepresidente, Albert Vancells Noguer, a su vez vicepresidente de la Cámara de Comercio de Palamós (Gerona).
Lo cierto es que la actividad financiera de la caja ha sido trasladada al banco del que forma parte. La caja, con su fisonomía jurídica tradicional, sólo administra la obra social.
Aunque sin indicar qué métodos adoptará y si esto resultará finalmente posible, el consejo de administración de Penedès anunció que estudiará «la manera de corregir esta situación» aplicando las medidas más «favorables para los intereses sociales» y protegiendo la reputación de una entidad «de enorme tradición y profundo arraigo social, vinculación y compromiso con su territorio».
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