El Gobierno se plantea la privatización del 100 % de Aena según los sindicatos

Así señaló hoy José Manuel Lorenzo, miembro de la Ejecutiva de CCOO en Aena, a los medios, antes del inicio de la reunión de la mesa negociadora entre la empresa y los representantes sindicales de los trabajadores, que intentará negociar la desconvocatoria de las 22 jornadas de huelga convocadas para la Semana Santa y el verano.

Aena está representada en la mesa negociadora por su presidente, Juan Ignacio Lema, y el director de Aeropuertos Españoles, Javier Marín, entre otros directivos.

Raúl Gómez, de UGT, añadió que Aena quiere sacar unas concesiones que surgen de un compromiso de los poderes económicos con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que si estaban dispuestos a entrar en un 49 % del gestor es a cambio de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, donde hay 2.800 trabajadores.

En opinión de Lorenzo, con el nuevo modelo, tal y como lo plantea el Gobierno, el gestor aeroportuario dejaría de ser un servicio público como elemento de cohesión y desarrollo económico, y pasaría a ser un negocio al servicio de unas pocas empresas privadas.

Gómez reconoció que la responsabilidad de una huelga es muy seria, pero también lo es la ruptura de la caja única de los aeropuertos, que es lo que ocurrirá en el nuevo modelo.

Para desconvocar los paros, los sindicatos necesitan que el Ejecutivo ponga encima de la mesa un documento que garantice los derechos colectivos e individuales de los 10.850 trabajadores de Aena y que no haya despidos.

Los trabajadores quieren un documento por escrito porque dudan de la intención de la empresa y creen que a lo mejor lo que pretende el Gobierno es dilatar este asunto para provocar un conflicto y justificar así la privatización del gestor aeroportuario.

Agregó que los sindicatos no dan nada por definitivo y están dispuestos a negociar el tiempo que haga falta, porque es su responsabilidad ante los trabajadores a los que representan y ante los ciudadanos.

En cuanto a las fechas elegidas para llevar a cabo el paro, indicó que al ser Aena el mayor gestor de aeropuertos del mundo, cualquier día de huelga sería criticable, pero recordó que esta medida se convoca con un mes y medio de antelación, por lo que considera que sobra tiempo para llegar a un acuerdo.

Para Lorenzo, el proceso de privatización es totalmente contrario a los derechos laborales de los trabajadores y ciudadanos, por lo que espera que el Gobierno esté dispuesto a reconducir esta situación.

A su juicio, se debe parar el proceso de privatización de Aena y hacer una reflexión conjunta de todos loa agentes sociales, políticos e institucionales para definir un modelo que sea compartido por la mayoría posible y que no perjudique los intereses de los trabajadores ni de los ciudadanos.

Lorenzo recordó que, después de estar muchos meses sentados en la mesa negociadora, quien rompió el diálogo fue el Ministerio de Fomento, que incumplió sus compromisos de garantías de los puestos de trabajo y de negociar el modelo aeroportuario.

Por tanto, en su opinión, la ruptura de la negociación se debe a la irresponsabilidad de Fomento y lo que esperan los sindicatos es que el ministerio cambie su actitud.

Insistió en que los sindicatos son conscientes de las consecuencias de la huelga, pero aseguran que el resultado de la privatización tal y como la plantea el Gobierno para el futuro son mucho peores, porque supone el cierre de aeropuertos, el incremento de las tasas del 28 %, el encarecimiento de los billetes y, en definitiva, afectará negativamente al sector turístico.

En su opinión, es "salvar los muebles hoy, pero afectar a la salida de la crisis económica para el futuro, es pan para hoy y hambre para mañana".

Al no saber cuántos aeropuertos serán "concesionados", ya que el real decreto dice que pueden ser todos, los sindicatos piden a Fomento que lo ponga, además de que diga, en ese escenario, cuántos van a ser rentables y cuántos no y cuántos se van a cerrar.

Lorenzo se preguntó si todas las comunidades autónomas están dispuestas a que aquellos aeropuertos que no sean rentables se cierren o si los va a financiar el Gobierno con cargo a los PGE, y ello cuando ahora no cuestan un euro a los ciudadanos.

Por ello, insistió en que si, en el futuro, su mantenimiento va a correr a cargo de las comunidades, hay que aclararlo ahora a los ciudadanos.