Sevilla

La Junta culpa al Ayuntamiento de los botellones

El consejero de Justicia remite a la ley antibotellón, pero asume que es «muy difícil» mantener la seguridad.

La Razón
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SEVILLA- La Junta de Andalucía, por boca de su consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, recordó ayer al Ayuntamiento que es el único responsable de «controlar» y mantener la seguridad en la celebración de los botellones, así como de habilitar un espacio para que los jóvenes pueden beber en la calle.
Pizarro se remitió a la ley antibotellón, en vigor desde 2006, para asegurar que las responsabilidades en cuanto a la ubicación del sitio en el que se celebra el macrobotellón «están absolutamente claras» y corresponden únicamente a los ayuntamientos en función del «proyecto definido» en la normativa.
Por eso, instó a todos los ayuntamientos andaluces a poner todos los medios que estén en su mano para que los botellones puedan funcionar «con normalidad» en virtud de la legislación actual que regula los espacios y la ubicación de las concentraciones de jóvenes.
Eso sí, el consejero reconoció que es «muy difícil» poder controlar la seguridad de concentraciones «del nivel de la de Sevilla» para evitar de este modo una situación «dramática y lamentable» como el apuñalamiento mortal que sufrió un joven de 24 años durante la Fiesta de la Primavera celebrada en el Charco de la Pava el pasado 25 de marzo.
Para Pizarro, es «complicado» que los ayuntamientos garanticen «mecanismos de control» para estas reuniones multitudinarias de jóvenes «si no hay nadie que solicita el permiso para concertarse en ese sitio y todo se haga a través de una autoconvocatoria por internet».
Precisamente el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ya indicó el día después del triste suceso que «lamentablemente no hay un solicitante u organizador al que poder perseguir» y trasladó en cierto modo la responsabilidad al asegurar que «la única actuación que se puede llevar a cabo es la que realizan la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional para aclarar el delito y poner al culpable a disposición judicial».