El dinero de los ERE se «camufló» como gastos de explotación del IFA e IDEA

El mecanismo urdido ha evitado la fiscalización de las cantidades, ya que la Junta las transfería a entes instrumentales –primero el IFA y luego la Agencia IDEA– que las reflejaban en sus cuentas como gastos de explotación –para sufragar operaciones genéricas de funcionamiento, como gastos de personal o arrendamientos–.

La realidad es que de ahí se abonaron los ERE que ahora investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. A las consecuencias penales que se dirimirán en los tribunales, hay que añadir las posibles infracciones administrativas y responsabilidades políticas derivadas de esta práctica. Ahí es donde incidió ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Antes de asumir la Presidencia en abril de 2009, José Antonio Griñán fue consejero de Economía y Hacienda desde 2004. De él dependía la Intervención General que en 2005, 2006 y 2007 mostró su disconformidad con el procedimiento elegido. Pero no se le hizo caso. El propio Griñán firmó algunas de las órdenes en el BOJA que comunicaban la transferencia de ese dinero como gastos de explotación a la «administración paralela» –BOJA número 64 de 2 de abril de 2008–. Las cantidades varían en función del Presupuesto anual del Gobierno andaluz. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, la Agencia IDEA recibió más de 360 millones de euros por este concepto.

Arenas vio ayer «responsabilidad directa» en el presidente por una actuación «al margen de la legalidad administrativa». El Ejecutivo aseguró más tarde que se trataba de una «mera orden de publicación», un trámite administrativo que exige la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

El presidente del PP-A le reprochó que el asunto de los ERE «lleva mucho tiempo oliendo mal y ustedes lo están tapando todo». En contra de la versión que ofrece el Ejecutivo, recordó que el origen del caso fue la grabación de un intento de extorsión por parte de unos empresarios, que la Junta remitió a la Fiscalía y que Juan Ignacio Zoido –candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla– denunció ante los tribunales.

Por su parte, Griñán defendió la legalidad de las ayudas –«las presuntas irregularidades no pueden invalidar el carácter legal de los fondos»– e insistió en que colaborarán con la Justicia.

Eso sí, negó una comisión de investigación en la Cámara andaluza, una propuesta defendida por el PP e IU. Los populares la solicitaron por primera vez en mayo de 2009 por las irregularidades detectadas en Mercasevilla. Desde entonces, la mayoría absoluta del PSOE la ha rechazado en varias ocasiones. El presidente añadió un nuevo argumento: «Quieren una comisión de difamación para seguir mintiendo aprovechando la inmunidad parlamentaria», dijo.