Las sedes públicas en venta podrán tener varios usos pero un solo propietario

VALENCIA- El futuro propietario de la actual sede de la Conselleria de Economía, ubicada en la céntrica calle Colón de Valencia, podrá combinar a su antojo el uso al que destina las tres plantas. Es decir, la primera y la planta baja podrán reconvertirse en una tienda -se especula que una firma de lujo está interesada en la adquisición- y la tercera, a residencia. Y es que el cambio de calificación solicitado por la Generalitat al Ayuntamiento de Valencia para éste y otros cinco inmuebles permite esta posibilidad, pero no la de desmembrarlos para su venta a distintos dueños.

La idea es que las operaciones de compra-venta se formalicen antes de que acabe el año, pues el Gobierno valenciano ya ha comunicado a los funcionarios afectados, que su traslado al nuevo complejo de oficinas «9 d'Octubre» (en la antigua cárcel modelo) comenzará en enero. Las previsiones apuntan a que todos los empleados de los seis organismos afectados, más aquellos que trabajan actualmente en edificios en régimen de alquiler, estén ubicados definitivamente en el nuevo emplazamiento antes del mes de abril. Y es que el cambio supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas, tan anémicas en los últimos años.

 El siguiente paso para que esto sea una realidad, corresponde al Ayuntamiento de Valencia, que el viernes aprobará en el pleno el cambio de uso de seis edificios propiedad de la Generalitat, «que podrán albergar oficinas y otros usos compatibles con la calificación terciaria, así como viviendas.»

 Los inmuebles objeto de la modificación para asignarles un uso terciario son Amadeo de Saboya, 2 y 4 (conselleries de Bienestar Social y Agricultura); Colón 32-Pizarro, 3 (Conselleria de Industria y Economía); Colón 80 (Servicios territoriales de Bienestar Social); y Miguelete, 5 (Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas).

Por otra parte, los edificios situados en la plaza Nápoles y Sicilia (la actual sede del Instituto Valenciano de Finanzas ) y el antiguo convento de los Camilos y actual sede de la Dirección General de Familia y Mujer de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, tendrán un uso residencial. Más tarde, una vez aprobada la modificación por el pleno municipal, será la Comisión Territorial de Urbanismo del Gobierno valenciano la que dé el visto bueno definitivo.
No obstante, y pese a la voluntad del Consell, la situación del mercado no asegura una rápida venta. La demora en la operación, sin embargo, no obligará a la Generalitat a bajar los precios de salida.