El extraño caso Ripoll

El proceso de la detención, y posterior puesta en libertad, del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, arroja muchas más sombras que luces que conviene aclarar cuanto antes. Todo el proceso está resultando demasiado confuso y lleno de contradicciones que sólo se pueden calificar como preocupantes. En principio, la Fiscalía Anticorrupción ordenó a la Policía la detención de once personas –entre las que se encontraba Ripoll– en el marco de la «operación Brugal» contra la corrupción. La sorpresa llegó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) emitió un comunicado ayer por la mañana en el que aseguraba que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no había «ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante y que tampoco había acordado su citación judicial ni su imputación». Posteriormente, la Fiscalía General del Estado admitió que, si bien no hubo tales órdenes de detención por parte del Juzgado, la actuación policial contaba con «plena cobertura legal». El colmo del despropósito llegó cuando a media tarde de ayer el TSJCV comunicó que durante toda la mañana de ayer el juez que investiga el «caso Brugal» no había recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Policía sobre el número de personas detenidas ni su posterior puesta en libertad. Sólo recibió información «verbal» por la tarde. Los hechos indican que nos encontramos ante una situación de caos y de desorden que provocan una sensación de desconfianza ante la Justicia y la Policía en la que tanto Ripoll como el resto de los detenidos son los principales perjudicados. En procesos tan delicados como éste, en vez de lanzarse apresuradamente a un linchamiento mediático, la presunción de inocencia es un derecho de todos los españoles que conviene preservar. Lo más alarmante en este caso no es tanto el fondo como la forma, que sólo puede calificarse como chapucera. Porque se antoja difícil que los ciudadanos entiendan lo que ha sucedido. Lo cierto es que detrás del caso Ripoll parece que existe una nueva ofensiva para desacreditar, deslegitimar y erosionar al PP valenciano por unas vías que no pasan ni por el debate político ni por las urnas. La realidad, por mucho que le moleste a la oposición, es que el PP es la fuerza que cuenta con una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana desde hace varias legislaturas y no se ve en horizonte que el PSOE en esa comunidad vaya a invertir la situación. Tampoco parece casual que el caso Ripoll haya saltado, y de manera tan caótica, justamente ahora, apenas una semana antes del Debate sobre el Estado de la Nación, en lo que se puede interpretar como una maniobra para distraer la atención ante tan trascendental debate. Si esto fuese así, dice bien poco de nuestra clase política. A la espera de los acontecimientos, es esencial que se ofrezca una explicación convincente sobre lo ocurrido y se erradique cualquier mínima duda sobre cualquier irregularidad que haya podido haber. Porque estas turbulencias no benefician a nadie y sólo crean una sensación de desánimo entre la ciudadanía. Sólo hay que ver el Barómetro del CIS de junio. Los españoles ven en la clase política el tercer problema que existe en España. Este dato sobra para invitar a todos a la reflexión.