Montoro cifra en 70000 millones el agujero causado por el fraude

Madrid- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendió ayer las medidas que su departamento ha preparado para luchar contra lo que ha definido como un «aumento considerable» de la economía sumergida y el fraude fiscal en España.

Durante el debate de totalidad en el Congreso del proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, Montoro recordó que la crisis económica y la burbuja inmobiliaria no pueden ser las únicas causas que motiven la caída de 70.000 millones de euros de recaudación fiscal desde 2008. Este dato ya lo adelantó LA RAZÓN, tras las palabras del ministro en una reunión a puerta cerrada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro aseguró, además, que esos millones «no se han evaporado por la crisis, es imposible puesto que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, lo que significa que a esto se corresponde un aumento de la economía sumergida y del fraude fiscal muy considerables».

Por esto mismo, el proyecto de ley incorpora nuevas medidas «muy importantes», entre las que destacó la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que esté implicado un profesional. Asimismo, las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, al tiempo que se reforzarán las acciones cautelares de la Agencia Tributaria, incluidos embargos, para evitar que los presuntos evasores se declaren insolventes o alcen sus bienes.

Próximas medidas
Actualmente, existen tres proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo a la Cámara Baja para su tramitación que incluyen medidas desde el punto de vista presupuestario, tributario, penal y de transparencia en la lucha contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social. Según los últimos estudios, el año pasado la economía sumergida en España llegaba al 22% del PIB, lo que supone el dato más alto desde el año 2003, cuando ascendía a un 22,2% del PIB. Esta cifra significa que Hacienda deja de ingresar entre 30.845 y 32.735 millones de euros anualmente, según la Fundación de las cajas de Ahorro (Funcas). Además de la economía sumergida, que los empresarios no ingresen el IRPF de los trabajadores, no hacer la declaración de la renta, no pagar el IVA al realizar una compra o no pagar el impuesto de sociedades suponen los tipos de fraude fiscal más perjudiciales para el país.

Estas declaraciones se produjeron tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de la devolución del proyecto de ley de lucha contra el fraude al Gobierno, tal y como pedía la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuya enmienda de totalidad sólo recabó el apoyo de quince diputados, frente a los 292 votos en contra de PP, PSOE, CiU, UPyD y PNV.

El presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara, defendió su enmienda de devolución argumentando que, aunque las medidas del proyecto de ley «son positivas, no se corresponden plenamente con la afirmación de que el fraude fiscal es hoy más reprobable que nunca porque provoca sufrimiento en mucha gente», como reconoció el ministro de Hacienda. También insistió en que si la lucha contra el fraude hubiera sido más enérgica en los últimos años el déficit actual estaría en dos puntos del PIB, y habría superávit en las cuentas públicas si hubiera menos economía sumergida.

Asimismo, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, admitió que en esta tarea «el Gobierno no puede ni debe estar solo, puesto que es de todos y se necesita el apoyo de todos los grupos y de toda la sociedad». Asimismo, mostró la disposición del partido al diálogo y al consenso.

Recurso a la amnistía fiscal
El PSOE registró en la Audiencia Nacional un recurso para declarar nula la orden que desarrolla la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, y con el que también pide la suspensión cautelar de la medida hasta que haya una decisión definitiva de los tribunales, advirtiendo de «perjuicios irreparables para la Hacienda pública». Los socialistas argumentan que, «lejos de someterse al mandato señalado» por el decreto ley Medidas Tributarias y Administrativas para la reducción del déficit público, «aborda cuestiones no reguladas» en dicho texto en lo relativo a la regularización del dinero en efectivo, que debe ser abordado en una norma con rango de ley.