Las mentiras de la Ley del Aborto al descubierto

El Ejecutivo lo tenía claro cuando aprobó la reforma legal: la Ley del Aborto disminuiría las interrupciones del embarazo, al ser, a su juicio, «más restrictiva» que la anterior. Además, todos los profesionales sanitarios implicados que lo desearan podrían acogerse a la objeción de conciencia para no practicar abortos. Todas las pacientes recibirían información clara y rigurosa sobre sus alternativas y, además, el aborto sería gratuito y también los métodos anticonceptivos para evitar que se llegue a este extremo. Con la filtración de algunos de los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2009, el Gobierno ha empezado a «apuntarse tantos». Aseguran que la discreta reducción que a priori parece que se registrará (3.000 intervenciones menos) se debe a la libre dispensación de la píldora del día después y a la promoción de hábitos de salud sexual. Sus propios aliados, las clínicas abortistas, ya les han advertido de que no lancen las campanas al vuelo. Dudan de la disminución de los abortos y, sobre todo, de que se deba a las medidas del Gobierno. Es sólo una de las «mentiras» que sólo dos meses y medio después de la entrada en vigor de la norma se van destapando.

CIFRAS
Esta semana, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció que el año pasado se registraron alrededor de 112.000 abortos (a falta de los datos de una autonomía). De confirmarse, supondría el primer descenso en esta práctica desde que se legalizó, en 1985, pues en 2008 se llevaron a cabo más de 115.000. Jiménez atribuyó el descenso a la libre dispensación de la píldora del día después. Sin embargo, las cifras no están tan claras. El propio presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, considera «precipitada y peligrosa» la estimación de la ministra. Barambio aseguró que, puesto que la dispensación sin receta se inició a finales de septiembre del año pasado, no ha transcurrido suficiente tiempo para hacer «evaluaciones reales», y lanzó un aviso: «Hay que tener cuidado con apuntarse un tanto que no se ha conseguido». De todos modos, aunque se confirme el posible descenso, se trataría de la segunda cifra más alta registrada en España. Por otro lado, desde la entrada en vigor de la ley, el pasado mes de julio, algunas comunidades ya han confirmado un aumento de las intervenciones. En concreto, en Madrid han crecido un 7,7 por ciento, de acuerdo con la Consejería de Sanidad madrileña.

MENORES
Tampoco entre las menores de edad el descenso en el número de abortos está claro. En algunas comunidades autónomas, como Valencia, han disminuido las interrupciones del embarazo en el grupo total de adolescentes hasta 19 años, pero han aumentado las del grupo de menores de 15 años. Por otro lado, desde la entrada en vigor de la ley, varias menores (al menos, dos) han abortado sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Algo que el texto legal sólo contemplaba como un supuesto «excepcional» en caso de «conflicto grave».

GRATUIDAD
Otro aspecto que no se ha cumplido es la gratuidad. A día de hoy, la mayoría de los abortos se practican en centros privados, aunque han aumentado los que se derivan desde la sanidad pública. Las comunidades autónomas no están muy por la labor de aumentar las intervenciones gratuitas, habida cuenta de que no han recibido ni un euro por el coste adicional que les supondrá la ley. Sanidad, además, no tiene previsto distribuir fondos. Sólo tres comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias) calcularon que la norma les costaría 10 millones de euros. Por otro lado, la norma también prevé la financiación pública de los anticonceptivos. Este punto también tendrá que esperar, pues el Gobierno se dio una moratoria de cuatro meses que, a la vista del gasto farmacéutico, podría ampliarse aún más.


Un millar de objetores de conciencia en registros a medio implantar
Una de las lagunas de la Ley del Aborto que han quedado más en evidencia en los primeros meses de aplicación de la norma es la de la objeción de conciencia de los profesionales. De acuerdo con la Organización Médica Colegial (OMC), el organismo que agrupa a todos los colegios provinciales, todavía hay algunos que no han puesto en marcha el registro donde deben dirigirse los objetores para que conste (siempre de forma «voluntaria» y «confidencial») que no están dispuestos a colaborar en interrupciones del embarazo. El de Granada, por ejemplo, aún no ha empezado a elaborar el listado. Ante esta situación, de acuerdo con la Asociación Nacional en Defensa de la Objeción (Andoc), muchos han optado por dirigirse a sus propios centros de trabajo, donde en algunos casos han obtenido una negativa por no estar «directamente implicados». Entre unos y otros, alrededor de «un millar» de facultativos, según esta asociación, han formalizado ya su objeción en España.