Presos

La «trampa» Currin

Ya lo anunció en un comunicado el pasado 19 de septiembre. Entonces, ETA hacía un llamamiento a los miembros de la comunidad internacional para que pusieran fin a un «conflicto político de siglos».

El impulsor y redactor de la Declaración de Bruselas, el abogado surafricano Brian Currin
El impulsor y redactor de la Declaración de Bruselas, el abogado surafricano Brian Currinlarazon

El órdago de la banda terrorista al Gobierno estaba claro: recurrir a la vieja estrategia de internacionalizar el llamado conflicto vasco para que sea la comunidad internacional presione quien presione al Ejecutivo español en pro de sus intereses independentistas. Un escenario del que también participan los llamados mediadores y su Declaración de Bruselas, firmada en marzo del año pasado, en la que exigían a la banda una «tregua permanente y verificable».

Hay que recordar que esta estrategia ya se utilizó en los procesos de paz de Suráfrica e Irlanda, de donde proceden la mayoría de los firmantes de la Declaración de Bruselas, incluido el polémico Brian Currin, y que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se negó en rotundo a someterse a mediación alguna.

De haberla aceptado, el Gobierno habría caído de lleno en la trampa de Currin y la propia banda: confirmaría que hay un conflicto político entre iguales, el denominado pueblo vasco y el Estado, y que mientras ese conflicto no se resuelva, no habrá paz. Y fieles a ese guión llegó ayer el último comunicado de la banda y las oportunas declaraciones de Currin. El abogado surafricano acogió «con satisfacción la respuesta positiva de ETA» a la Declaración de Bruselas, tras declarar un «alto el fuego permanente, general y verificable por la comunidad internacional». Además, confirmó que la declaración de la banda cumple las condiciones señaladas para el «establecimiento del Grupo Internacional de Contacto», que prepara su primera visita al País Vasco. Y fue más allá. Restó importancia a que la tregua no sea «unilateral» y se inmiscuyó en la política nacional al concluir que la banda «no ha impuesto ninguna condición al Gobierno español». El Ejecutivo respondió: «En democracia, quien verifica son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», no Currin.