Innovación también dio ayudas sin el control que exigía la Intervención

Sevilla- El sistema ideado por la Consejería de Empleo y el IFA –luego Agencia IDEA– para flexibilizar los controles exigidos por la Intervención y disponer de dinero de manera rápida para activar las líneas de ayuda y subvenciones del departamento también se usó en otras consejerías. Es el caso, por ejemplo, de la de Innovación, que asumió la gestión del ente instrumenta IDEA.

La Consejería de Innovación, creada en 2004 por Chaves como una macroárea de carácter económico y de impulso a la actividad productiva, utilizó el mismo procedimiento que activaron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández para pagar prejubilaciones y ayudas arbitrarias a empresas. Es la misma fórmula que denunció la Intervención General y que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dentro de la causa abierta contra los ERE irregulares financiados con cargo al Presupuesto de la Junta. El procedimiento elegido fue el de transferencias de financiación desde la Consejería a la empresa pública dependiente del propio departamento: Innovación traspasaba el dinero a la Agencia IDEA y ésta pagaba los compromisos que le ordenaba la Consejería.

Sobre esta práctica, el máximo órgano de control de la Junta de Andalucía también alertó de su ilegalidad. Lo hizo en el Informe definitivo de cuentas anuales 2006 de la Agencia IDEA hecho público ayer por el PP-A y que, como le marca la normativa, remitió a la Consejería de Innovación, así como a la de Economía y Hacienda –cuyo titular era José Antonio Griñán–. El informe, referido al citado año, se acabó en octubre de 2008. En esa fecha, seguía como responsable de la macroconsejería Francisco Vallejo –dejó su cargo a Martín Soler en abril de 2009 y éste, a su vez, se lo cedió a Antonio Ávila en marzo de 2010–.

El documento refleja el poco caso que el Gobierno andaluz le ha hecho en estos años al máximo órgano de control interno. El organismo recuerda que las transferencias de financiación sirven «para financiar de forma genérica la actividad corriente de la empresa». Sin embargo, de los 260.472.000 euros recibidos por la Agencia IDEA en 2006 como transferencias de este tipo, sólo 48.241.000 se han contabilizado de manera correcta. Es decir, que la Agencia IDEA dispuso en ese año de 212.230.000 millones para gastar sin los mecanismos de control adecuados.
La Intervención asegura que «se han financiado actuaciones encargadas o encomendadas por las Consejerías de la Junta de Andalucía (principalmente la de Innovación y Empleo) mediante transferencias de financiación. Encargos o encomiendas como conceptos entendidos en sentido amplio. Es decir, dichas transferencias tienen un destino definido específicamente y ajeno a la propia Agencia ...».

Muchas de estas ayudas pasaron por el Consejo de Gobierno. El propio informe señala que «hemos verificado que con fecha 18 de julio de 2006 el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia para que aporte fondos mediante la figura jurídica que considere más oportuna hasta un importe máximo de 46.900.000 euros» al Grupo Santana.

Es decir, la Junta delegaba cómo se pagaba el dinero en los centros directivos correspondientes y cuando a éstos les llegaban las advertencias de la Intervención General de que la gestión no era correcta, hacían caso omiso a sus recomendaciones.

Este informe confirma las sospechas de la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, que emitió un auto en octubre en el que preguntaba a la Junta «si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras Consejerías (a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca, Turismo, etc)». Recordaba Mercedes Alaya en su escrito que esta fórmula «implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades».

Pese a ello, la Junta aseguró ayer que el PP «roza la mentira» al omitir que el informe que presentó su secretario general, Antonio Sanz, lo aportó en marzo de este año al juzgado.