El PP responsabiliza a Griñán del uso del «fondo de reptiles» para comprar la droga y le pide explicaciones

SEVILLA- La jueza Mercedes Alaya que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a dos juzgados de Andújar (Jaén) que se inhiban en la causa del chófer del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, quien declaró que se gastó las ayudas económicas en cocaína, bares y fiestas. Fuentes del caso informaron a Efe de que la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha pedido asumir esta investigación.

Mientras, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, atribuye al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, responsabilidad «de manera directa» en el hecho de que parte del fondo de reptiles de la Consejería de Empleo se haya destinado a la compra de cocaína para el consumo de altos cargos del Ejecutivo regional.

Juan Francisco Trujillo Blanco, el chófer del ex director de Trabajo del Gobierno andaluz, Francisco Javier Guerrero, contó a la Policía Judicial que destinó a la compra de dicha droga para él y para el ex alto cargo socialista «la mayor parte» de los 900.000 euros que recibió en subvenciones para dos empresas suyas, con cargo al polémico fondo ligado a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

«Es una absoluta indecencia», proclamó Sanz, «es intolerable e impresentable que el dinero que tenía que haberse destinado a fomentar la creación de empleo en Andalucía, haya estado utilizándose de manera absolutamente descontrolada ni más ni menos que para financiar negocios privados, juergas, borracheras y consumo de cocaína para altos cargos de la Junta».

A su juicio, lo declarado por el chófer, con una pistola Parabellum de por medio –que entregó a los agentes–, roza los modos propios «de la mafia», de «una película siciliana», y constituye el episodio «más indecente» que ha vivido «en la política andaluza».

«Es terrible», insistió Sanz, para a continuación explicar que su partido solicitó ayer la comparecencia «urgente» de Griñán en el Parlamento andaluz para que explique el destino de los fondos «de los parados». En ese sentido, recordó que el presidente de la Junta, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, «fue advertido al menos ocho veces» por la Intervención General de que el procedimiento de concesión de ayudas era «irregular».

Si bien el abogado del ex director de Empleo –imputado en el «caso de los ERE»–, Fernando de Pablo, aseguró ayer a LA RAZÓN que su cliente desmiente la declaración «absurda, completamente descabellada y falsa» del chófer. Guerrero niega haber ordenado a Trujillo que comprara objetos o sustancias estupefacientes ni que éste «le diera dinero de las subvenciones públicas en mano», como también se desprende del informe policial. «Va a tener que demostrar lo que ha dicho», lanzó De Pablo, quien añadió que su cliente le ha pedido que «proceda» contra el ex chófer y contra quienes se están haciendo eco de sus manifestaciones, «alegrándose de ello».

Guerrero quiere volver, pero la Junta aún no le ha contestado
El ex director general de Empleo del Gobierno andaluz, Francisco Javier Guerrero, insiste en recuperar su plaza de funcionario en la Administración autonómica, en concreto en la Consejería de Empleo, núcleo del escándalo de los ERE. En octubre del año pasado solicitó su reincorporación a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y la Junta de Andalucía aún «no le ha contestado», según desveló ayer a LA RAZÓN su abogado, Fernando de Pablo. De no hacerlo en los plazos que establece el derecho administrativo, Guerrero tiene la intención de reclamar su plaza en los tribunales «porque le corresponde legalmente», mantiene su defensor. El ex director general solicitó una excedencia «forzosa», según De Pablo, alegando en su día «interés particular», tras su salida del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para desempeñar cargos de responsabilidad política como militante del Partido Socialista.