La Justicia duda de que el recorte salarial a los funcionarios sea constitucional

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional, presidida por el ex número tres de Justicia en la primera Legislatura de Zapatero, Ricardo Bodas, abre así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del «decretazo» de mayo pasado, que incluye también la congelación de las retribuciones de los funcionarios y de los pensionistas en 2011. El tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos UGT, CC OO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la FNMT. La providencia, fechada el 30 de septiembre pasado, concede a las partes un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones.

La Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley. A su juicio, podrían afectar «al contenido esencial» del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Según admite el abogado de CC OO Enrique Lillo en una nota de prensa, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sectores públicos. Además, los magistrados de la Sala dudan también de la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del «decretazo» sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse del «recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva».

La satisfacción de todas las organizaciones sindicales por las dudas expresadas por la Audiencia Nacional contrastaron ayer con las aseveraciones del Gobierno. El Ejecutivo insistió en que la bajada de las nóminas de los empleados públicos es «una medida claramente legal», encaminada a reducir el abultado déficit público. Por ello la Abogacía del Estado presentará en los próximos días ante la Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción de las nóminas de los funcionarios por «causas de interés público», ante la grave crisis económica y por la necesidad de rebajar el déficit y situarlo en el 3% del PIB en 2013.