Educación apuesta por replantear los precios de las matrículas de los universitarios repetidores

Durante la presentación del informe 'Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro', elaborado por la ANECA y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Camarero ha subrayado que la exigencia de buenos resultados académicos "no debe ser vista como una medida encaminada a dificultar el acceso a los estudios superiores", sino que se trata de "aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles en estos momentos de dificultad económica".

La secretaria general de Universidades ha destacado que la financiación pública de los estudios universitarios se sitúa entre el 80 y el 85 por ciento y ha advertido de que este "esfuerzo"de la sociedad se debe ofrecer a quienes hagan un uso "responsable y eficiente"del mismo, es decir, "a los alumnos que tengan un buen rendimiento".

Si bien ha reconocido que los estudiantes tienen una serie de derechos, también ha advertido de que "no es menos cierto"que tienen una serie de obligaciones, como es hacer "un uso eficaz y eficiente"de los recursos públicos que se ponen a su disposición para obtener un título universitario.

Por último, ha indicado la necesidad de los responsables del sistema educativo hagan llegar a los jóvenes un "mensaje de oportunidades, ligadas al rendimiento y el esfuerzo". "Sólo de esta manera vamos a ser capaces de construir una sociedad en la que la universidad ocupe el lugar clave que merece como generadora de riqueza intelectual, progreso y desarrollo científico", ha concluido.

NORMATIVAS DE PERMANENCIA DISPARES
La duración del alumnado en los estudios universitarios es el tema central del estudio elaborado por la ANECA y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, cuya principal conclusión es la necesidad de establecer mínimos comunes en las normativas de permanencia que tienen las universidades públicas españolas y darlas a conocer al alumnado de forma sencilla y accesible.

El estudio recomienda, además, analizar el establecimiento de una mayor concreción de aspectos como el agotamiento de convocatorias, créditos mínimos a superar en el primer curso y posteriores, fijar unos máximos de matriculación, definir la figura del 'estudiante a tiempo parcial', así como los criterios a seguir por los estudiantes procedentes de otros centros, entre otros aspectos.
También apunta a la necesidad de que las normas de permanencia sean flexibles para atender a situaciones particulares que no obliguen a estudiantes a abandonar la universidad de una manera "demasiado"temprana, pero también rigurosas para que los recursos de las universidades públicas se usen de forma que se atienda al mérito, la capacidad, el aprovechamiento del esfuerzo de un estudiante a la hora de permitir su continuidad en una universidad pública.

Según el informe, el 42 por ciento de las normas no establecen agotamiento de convocatoria si el alumno no se presenta a una evaluación, algo que, según los autores del trabajo, provoca un alargamiento del tiempo de finalización de los estudios.

Asimismo, alerta de que la mayor parte de estas normas sólo establece un número de créditos a superar en el primer curso y ninguna limitación en la matriculación, lo que puede producir en una "sobrematriculación"y la no presentación a evaluaciones.

Por ello, este trabajo señala que una mayor exigencia de la universidad para establecer el número de créditos en los que se debe matricular el estudiante por curso produce un aumento de la tasa de rendimiento y una disminución del tiempo en el que el alumno finaliza una titulación.

El documento ha sido elaborado mediante la realización de encuestas a 44 universidades públicas, la revisión de las normativas de permanencia vigentes en cada una de ellas y el análisis de las memorias de verificación.