La subasta de fármacos quebraría la «equidad» del sistema de salud

 Para el PP-A, «no es un sistema justo de selección de los medicamentos» y perjudicará a «ciudadanos, médicos y farmacéuticos».

Corredera dudó de la legalidad de la medida que «invade competencias y crea diferencias con otras comunidades».

En este sentido, el PP reclamará la comparecencia de la consejera para que explique dicha «polémica propuesta conocida sólo a través de los medios de comunicación», además de «las preocupantes presiones que se ejercen sobre el sector farmacéutico».
Como informó LA RAZÓN el pasado 15 de noviembre, el Servicio Andaluz de Salud está amenazando a las farmacias con aplicar un descuento autonómico del 20 por ciento a los pañales, que se sumaría al 20 por ciento que ya aplica el Ministerio, lo que les obligaría a vender a pérdidas. La alternativa es que acepten la propuesta de la Junta: sacar a subasta el suministro de medicamentos en las farmacias.

Para la portavoz de Salud del PP, el planteamiento del Gobierno andaluz «supone crear un precio andaluz para los medicamentos, el que decida la Junta, que se atribuye la capacidad de establecer un precio diferente al máximo autorizado y fijado por el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias».

Esto supone «un ataque al derecho de los ciudadanos a obtener medicamentos en igualdad», al tiempo que afectará también a la labor de prescripción de los médicos porque, tal y como ha recordado, «según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el médico receta el medicamento adecuado para las necesidades de los pacientes y no el más barato y que decida la Consejería».

Respecto a los farmacéuticos y distribuidores, Corredera pronosticó que los que «no estén en el concurso de la Junta se verán expulsados del mercado».
La vicesecretaria del PP-A reconoció que la propuesta «puede conllevar un gran ahorro en gasto, pero el sistema nacional de salud vería quebrada su equidad».

En este ahorro es en lo que se escuda la consejera de Salud, María Jesús Montero, para impulsar el plan. En declaraciones a Ep, aseguró que «todos los borradores de trabajo» que tiene encima de la mesa acerca de este tema «son perfectamente legales». La Junta se escuda en que lo que plantea es adjudicar mediante concurso el suministro de los principios activos –que no medicamentos– a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato y avisó al Ministerio que lo hace «en el marco de nuestras competencias».
«Si alguna autoridad o Administración entiende que se vulnera la legalidad, está en su derecho de recurrirlo», sentenció.