El PP llevará a los tribunales a la Junta por el fraude masivo en los ERE

La denuncia incluye, entre otros delitos, los de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude de subvenciones.

El objetivo no es otro que demostrar que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía «surge una tela de araña de corrupción», según explicó Pons, que alcanza a «multitud de instituciones y que tiene color del PSOE». Así, la querella va dirigida contra los responsables de la Junta que tramitaron estas ayudas y aquéllos que participaron a través de las intermediarias, sin descartar a los responsables políticos directos. A saber: el actual jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y el vicepresidente tercero del Gobierno y por aquel entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Ésa es una de las claves del proceso judicial que se abrirá en los próximos días. De momento, los populares sólo acusan a cuatro personas, ninguna de ellas con cargo actualmente en el Gobierno andaluz: los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas; y el ex sindicalista y señalado como conseguidor de las ayudas, Juan Lanzas. Las implicaciones posteriores se producirán, si es que llegan, en una segunda fase.

En palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, el entonces consejero Griñán «conocía lo que estaba pasando», al igual que Chaves. Y para demostrar sus afirmaciones, Pons se valió, entre otros documentos, de las conclusiones del informe de la Intervención General de Hacienda sobre el ejercicio de 2004 en el que se especifica que en el «fondo de reptiles» hay un sobrecoste de 38 millones de euros no respaldados documentalmente, por lo que el cien por cien de los expedientes podrían estar «podridos».

Se trata de los compromisos de pago adquiridos por el Instituto de Fomento de Andalucía y que debido a la utilización del sistema de transferencias de financiación de explotación en lugar de subvenciones excepcionales producía que se superaran los créditos asignados en el Presupuesto para las ayudas sociolaborales.

Entre los argumentos del PP para implicar a Griñán, Pons recordó que el decreto 9/1999 sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía establece en el artículo 12.3 la obligación del interventor general de pasar los informes de la intervención al consejero de Economía, departamento que ocupaba el actual presidente andaluz.

«Por imperativo legal», Griñán tenía que conocer los informes de la Intervención de Hacienda en los que se le advertía «de que se estaba saqueando y robando a manos llenas el dinero de los parados».

Además, el dirigente popular apuntó que «el dinero que iba al ‘fondo de reptiles' estaba firmado, según consta en el BOJA, por el consejero de Economía, José Antonio Griñán».
«Esto quiere decir que, desde el punto de vista documental, Griñán lo supo, lo tapó y siguió permitiendo que existieran ERE para amiguetes», sentenció.