La Fiscalía investiga a una empresa de la Junta por corrupción

La razón: existen indicios de que dicho organismo contrató y pagó a dos funcionarios argentinos con el único objetivo de obtener la adjudicación de un proyecto en este país.

Los hechos se remontan al año 2006. Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía, la EASP contrató a Enrique Rozenbrat y Carlos Laje, como profesor asociado y consultor, respectivamente, de una nueva sede que abriría en Montevideo (Uruguay), y con el «fin primordial» de que la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiación (ACIF) los seleccionara para la ejecución de un proyecto en Argentina. Curiosamente, los dos funcionarios contratados ocupaban puestos de relevancia en el organismo argentino que debía tomar la decisión.

Puestos «a dedo»
El escrito del Ministerio Público señala que la decisión de contratar a estos ciudadanos argentinos para asegurarse la adjudicación del proyecto «Estudios de Evaluación de la Canasta Básica de Prestaciones» fue tomada por el entonces consejero delegado de EASP, Gabriel Pérez Cobo, y el gerente, Juan Manuel García Fernández. Así, los contratos fueron firmados en Granada en marzo de 2006, por un año prorrogable y una cuantía de 6.000 euros. Cantidad por la que, según alegan en su defensa los denunciados, no era necesaria la convocatoria de concurso público ni procedimiento de selección.

Y los frutos no tardaron en llegar. Siete meses después de la firma, en octubre, la EASP obtenía la adjudicación del proyecto. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Cuando llegó el vencimiento de los contratos (marzo de 2007), la empresa dependiente de la Junta de Andalucía intentó renovar a los dos funcionarios argentinos.

Hecho, este último, al que se opuso el director de la sede en Montevideo, José Castro Sánchez, ya que, a su juicio, y según consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía, no cumplían con el trabajo para el que fueron contratados. Así, Rozenbrat y Laje cesaron en sus cargos el 28 de mayo de 2007. Y, apenas un mes después, se le rescindía el contrato a Castro.

Por todo ello, la Fiscalía ve indicios de un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445 del Código Penal), y cree que el pago a cada uno de los funcionarios argentinos de 6.000 euros se hizo «bajo la apariencia de unos contratos» que en realidad «encubrirían la retribución por la adjudicación» de un proyecto a una empresa vinculada a la Junta.

Asimismo, establece que «parece claro» que los dos funcionarios argentinos «tenían cargos relevantes» en el organismo público argentino encargado de asignar el proyecto y, salvo que la investigación judicial constate otra cosa, tenían «funciones decisorias». Un elemento clave para determinar si el objetivo de la EASP era «corromper» a los dos funcionarios argentinos.

En sus conclusiones, el Ministerio Público señala a Gabriel Pérez Cobo y Juan Manuel García como los «responsables de estos eventuales hechos», sin perjuicio de que durante la fase de instrucción judicial puedan aparecer indicios de responsabilidad penal contra otras personas.

Denuncia ampliada
Una vez que la Fiscalía ordena abrir una investigación, José Castro decide ampliar su denuncia y pide que se tome declaración en calidad de denunciados a Gabriel Pérez Cobo y Luisa Lorenzo, de la dirección de la EASP, y a José Luis Rocha Castilla, responsable de la EASP en la Consejería de Salud del Gobierno andaluz. Y es que Castro asegura que informó a todos ellos de la «gravedad de la situación», así como de la necesidad de «abrir una investigación» y no se hizo nada.

Finalmente, Castro solicita que se investigue un posible delito de «malversación de fondos públicos» y que, entre otros, acuda a declarar también como testigo, la presidenta del Consejo de Administración de EASP y actual consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero Cuadrado.


Hasta seis años de cárcel
En este caso que nos ocupa, el artículo 445 del Código Penal establece que todo aquel que a través de «dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas» intente corromper a las «autoridades o funcionarios públicos extranjeros» con el fin de que actúen para «conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales» será castigado con las penas previstas en el artículo 423. Es decir, podría incurrir en «una pena de prisión de entre tres a seis años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a doce años».