Obama cede ante los católicos

NUEVA YORK- Cuando la Casa Blanca dio a conocer hace unos días que las instituciones religiosas tenían que costear los anticonceptivos de sus empleados, el presidente de EE UU no pensó en las consecuencias que podía tener esta decisión ante los votantes en un año electoral.

Obama decidió hablar ayer con el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, antes de anunciar la modificación de la polémica norma sobre anticonceptivos que hubiese obligado a instituciones católicas, entre ellas hospitales y universidades, a ofrecer dichos métodos a sus empleados en el marco de la reforma sanitaria, aprobada en marzo de 2010.

De esta forma, los trabajadores de las organizaciones anteriormente citadas tendrán que conseguirlos de forma directa a través de sus aseguradoras. «Independientemente de ser profesora, mujer de negocios, enfermera o celadora, la salud de una mujer no debe depender de quién es o dónde trabaja o cuánto dinero gana», indicó. Obama considera los métodos anticonceptivos gratis un «núcleo fundamental» de la ley sanitaria, la cual requiere que todos los servicios preventivos sean proporcionados sin coste alguno a los pacientes.

Sin embargo, con esta rectificación, el líder demócrata pretende evitar la controversia suscitada después de que la Casa Blanca diese a conocer hace unos días que las instituciones religiosas tenían un año para cumplir la nueva ley que les requería costear los anticonceptivos de sus empleados a través de los seguros médicos. No sólo los católicos levantaron la voz contra la Administración sino también el movimiento evangélico.

Consciente de la polémica provocada y de la existencia de unos diecisiete millones de católicos en Estados Unidos, el demócrata recordó que respalda la libertad religiosa y aprovechó para resaltar que en el pasado participó en Chicago en proyectos financiados por grupos católicos. «Como ciudadano y cristiano aprecio este derecho (a la libertad religiosa). He visto a las iglesias de los pueblos hacer más bien por la gente que cualquier programa del Gobierno», afirmó el presidente de EE UU, que también habló ayer por la mañana con la hermana Carol Keehan, al frente de la Asociación de Salud Católica, y Cecile Richards, responsable de Planificación Familiar.

Algunas asociaciones católicas no han quedado satisfechas con la solución adoptada por la Casa Blanca. Desde Truth and Charity (Verdad y Caridad) y Catholic Vote (Voto Católico), se ha criticado que la propuesta de Obama «es peor» que la propia norma en sí. Truth and Charity advierte de que «si se utiliza el plan de Hawai, se requerirá a las instituciones católicas para que actúen como de conductos de información anticonceptiva, lo cual es cooperación material con el demonio».

El arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, aún no se ha pronunciado, pero con anterioridad llegó a decir que la reforma sanitaria promovía la «esterilización» y que «nunca antes en la historia de EE UU el Gobierno federal ha forzado a los ciudadanos a adquirir lo que viola sus creencias».

Por su parte, el reverendo Frank Pavone, presidente de la organización católica antiabortista Priest for Life, declaró que hay aún muchas razones «no religiosas» para oponerse a la medida del Gobierno, entre ellas la «libertad de conciencia». La polémica no sólo tiene que ver con los anticonceptivos, sino también con la libertad de expresión y el control del Gobierno sobre las vidas de los ciudadanos, «y eso tiene que terminar», denunció ayer el aspirante presidencial republicano Rick Santorum.

Obama ha reconocido que los grupos religiosos tienen «preocupaciones legítimas» a la hora de controlar la natalidad, pero ha acusado a algunas personas de haber intentado hacer un «juego político» con esta norma.

El presidente no convence a todos
La asociacion católica CatholicVote rechazó ayer de plano la rectificación de Obama. Argumenta que las aseguradoras pagarán «estas prácticas inmorales», pero dicho coste será transferido a finalmente a los empleados de las compañías religiosas. Además, denuncia que los empresarios católicos no ligados directamente a una iglesia se verán obligados a sufragar los anticonceptivos a sus trabajadores.