La Oficina Antifraude concluye que no puede «ni afirmar ni desmentir» la financiación ilegal de CDC

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) presentó ayer su informe sobre las irregularidades detectadas en la gestión del Palau de la Música a la comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal de CDC. El informe concluye que no puede «ni afirmar ni desmentir» ilegalidad en la relación entre el Palau y CDC a través de la Fundación Trías Fargas (ahora Catdem) «con la rotundidad jurídicamente exigible», pero mantiene abiertos numerosos interrogantes sobre el partido de Mas y su relación con Fèlix Millet. A su vez, constata que el Palau sirvió de intermediario entre los adjudicadores de obras públicas y los partidos, en una trama que daba «cobertura a todo tipo de flujo irregular de fondos». ConvergènciaA pesar de no poder demostrar, según las evidencias obtenidas durante la comisión de investigación, la ilegalidad entre el traspaso de fondos de la Fundación Trías Fargas y el Orfeó Català, el informe constata «incontestables anomalías» como la obtención de fondos de más de 600.000 euros y su posterior retorno a las arcas del Palau tras despertarse el escándalo. Por este motivo, insta a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Comptes a seguir investigando. Además, constata las «dudas introducidas» sobre la eventual vinculación de CDC con determinados contratistas o proveedores del Palau que no estarían en disposición de justificar los trabajos facturados y cobrados.Financiación ilegalEl informe aduce como «práctica habitual» que los partidos políticosos han creado estructuras que pueden buscar «finaciación irregular», si se aprovechan de un vacío legal para operar, o de «finaciación ilegal» si contravienen las limitaciones de donaciones.Mecanismos de controlLa OAC carga con dureza contra los mecanismos de control que deberían haber detectado las irregularidades del Palau. Según el informe, fueron «ineficaces» y «descoordinados». Pone especial énfasis en el Intervento General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, que en 2002 tuvo a su disposición un informe que ya rapuntaba indicios suficientes de irregularidades en la gestión del Palau, y sin embargo no realizaron ninguna investigación. Estos descuidos «contribuyeron a facilitar las ilegalidades de los ex gestores del Palau».Vigilancia a las subvencionesEl informe carga contra «los responsables políticos, que tienen que ejercer sus funciones fiscalizadoras del uso del dinero público de forma efectiva y no acríticamente», a la hora de valorar la magnitud del escándalo del Palau. Afirma que todo esto pudo suceder por la confianza que despertaba el prestigio de la institución y la «honarabilidad» del apellido MIllet, relacionado históricamente con el coliseo modernista. Además, constata que Palau sirvió de intermediario entre los adjudicadores de obras públicas y partidos políticos, dinero que podría haber derivado en la financiación ilegal de partidos.