Rajoy pasa página a su pulso al Estatuto y pide serenidad

Mariano Rajoy acata la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña e insta a todos los demás partidos a hacer lo mismo y a mirar al futuro con concordia. El PP, por tanto, pasa página de su «batalla» contra la reforma estatutaria, aunque el Alto Tribunal no haya anulado 73 de los artículos que en su día impugnó. Que nadie espere nuevos episodios de confrontación ni quejas porque el fallo se sostenga en la interpretación de la Constitución más favorable a la reforma.Los populares han aprendido la lección de la pasada Legislatura y no se enzarzarán en otra batalla que sirva de combustible a quienes rentabilizan el discurso de acusar al PP de anticatalán. «No es momento de excesos», defendió ayer el líder popular durante su intervención ante un grupo de empresarios en un acto del American Business Council. Por tanto, el PP impone el perfil bajo, incluso para contestar a las airadas manifestaciones de la clase política catalana, con el socialista José Montilla a la cabeza de la pancarta nacionalista. «Todos podemos estar o no de acuerdo con algunas de las cosas que dice el fallo, pero el PP acata la decisión y pedimos a los demás que también lo hagan», defendió Rajoy. Ante la pregunta de y ahora qué, el PP precisa que vigilará que la Generalitat catalana desarrolle el Estatuto conforme a las reglas establecidas por el TC, sin anticipar, eso sí, posibles nuevos recursos ante los tribunales. De momento se remite al contenido de la sentencia, que aún no se conoce oficialmente, y confía en que la afirmación de que el término nación «no tiene eficacia jurídica» implique efectos concatenados en los 27 artículos que el Alto Tribunal ha dicho que tienen que ser reinterpretados. Así lo adelantaron ayer la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de Justicia, Federico Trillo. Asimismo, confía en que la anulación de la expresión «preferente», referida al uso del catalán, se refleje en la interpretación que el TC aconseje que se haga de su uso en la enseñanza o en la Administración. Es decir, que afecte a la Ley de Educación catalana, que el PP también ha recurrido.