Una Justicia para el siglo XXI

Un Estado de Derecho que se precie no puede alcanzar los retos que el progreso y la evolución social imponen, sin una Justicia acorde con esos desafíos. En tiempos de crisis, las insuficiencias y las carencias de la maquinaria judicial se convierten en pesados lastres para una sociedad que acude y espera de sus tribunales y de sus leyes respuestas imparciales y rápidas a sus demandas. En nuestro país no ha sido ni es el caso en un porcentaje por encima de lo admisible. España tiene pendientes grandes reformas estructurales en el ámbito de la economía, pero aguarda una especie de catarsis en una Justicia que necesita abandonar algunos preceptos y estructuras casi decimonónicas e incorporarse al siglo XXI. La formación de los jueces y del personal de la administración de Justicia no está en cuestión, porque la profesionalidad y la competencia están garantizadas en una inmensa mayoría. Rechinan, sin duda, la organización, los procedimientos, las penas y, sobre todo, la gestión política de la Justicia. Buena parte de los reparos al funcionamiento de los tribunales y de los órganos jurisdiccionales es una consecuencia directa de las erradas actuaciones de los políticos de turno. Lo cierto es que un juez tiene que ser independiente e imparcial y estar sometido únicamente al imperio de la Ley, pero una mayoría de los ciudadanos no reconoce esa realidad. Las «Razones del cambio» de nuestro periódico dedican hoy un pormenorizado análisis de la Justicia que recoge una encuesta concluyente sobre este pilar del Estado de Derecho. Sólo un 17% de los ciudadanos afirma que funciona bien, y más del 55% cree que debería contar con más medios. Otros estudios recientes indican que el 67% de los ciudadanos no confía en los tribunales. Por tanto, existe un problema de credibilidad que requiere, entre otras cosas, un cambio para despolitizar órganos fundamentales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y retomar la antigua fórmula de elección del Consejo General del Poder Judicial que daba más poder de decisión a jueces y fiscales serían pasos en la buena dirección. Como también, blindar la figura del fiscal general del Estado y dotar al Consejo Fiscal de las competencias necesarias para intervenir en las decisiones que afectan a la carrera. Todo ello necesita de voluntad política para alcanzar un gran acuerdo que además dote a la Justicia de los medios humanos y materiales necesarios para normalizar el servicio público que implica su administración. Que, a pesar del esfuerzo de los jueces y funcionarios, en España tengamos más de 1.600.000 sentencias sin ejecutar no es admisible. Sin duda, todo ello requerirá de un esfuerzo económico considerable, que, sin embargo, entendemos justificado. Esa modernización no debe rehuir un debate sobre el sistema penal sin prisa, pero sin pausa, desde la convicción de que la cárcel está orientada para reeducar y reinsertar, si bien la pena es sobre todo un castigo con un propósito preventivo. El nuevo Gobierno tendrá en la Justicia un reto ineludible porque también en este terreno se juega el futuro.