Los nuevos imputados seguirán en sus cargos porque son electos

Valencia- El portavoz del Consell, José Císcar, no se salió del guión. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no tiene capacidad legal para «echar» a los diez imputados (siete formalmente y tres los serán de manera inminente) que pueblan la bancada popular en Les Corts. En esta circunstancia se refugia el Consell, quien insiste en que Fabra ha actuado con «contundencia» allí donde tiene mano, es decir, en los miembros del Gobierno valenciano. En los diputados no existe margen de maniobra. «Son cargos electos», repitió una y otra vez Císcar, y la Ley de Régimen Electoral no permite destituir a cargos electorales.
El juez pidió el jueves la imputación de la alcaldesa de Alicante y diputada, Sonia Castedo, el exalcalde de Alicante y diputado, Luis Díaz Alperi, por el caso Brugal y la imputación del portavoz en funciones del PP, Rafael Blasco, es cuestión de días. El vicepresidente del Consell, que aspira a ser el presidente del PP de Alicante, aplazó cualquier decisión sobre todos ellos, incluida la mera apertura de expediente disciplinario, a la reunión del Comité de Derechos y Garantías que se producirá cuando se hayan celebrado los cónclaves provinciales. «Los estatutos del partido regulan estas situaciones» y no le falta razón. Estos afirman que será este organismo el que determine si se suspende de militancia a aquellos afiliados con una imputación judicial.